Unidas Podemos ha registrado una enmienda a la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para incluir en este texto la prohibición de que los menores de edad puedan acudir a los espectáculos taurinos.
En el texto, recogido por Europa Press, el grupo confederal quiere que esta prohibición quede plasmada con varios artículos en la norma.
Así, propone añadir un apartado en el que se recoja la exigencia de que los espectadores de estos espectáculos y festejos taurinos, así como los alumnos de las escuelas de tauromaquia, sean mayores de 18 años.
También proponen un nuevo artículo que quedaría redactado de la siguiente manera: “Queda prohibida, con carácter general la entrada y permanencia de menores de dieciocho años en plazas de toros, o recintos habilitados cuanto tengan lugar eventos taurinos, incluidas escuelas taurinas si estas utilizan animales en sus prácticas”.
Sin acuerdo con el PSOE
Unidas Podemos también quiere incluir “la participación de menores en espectáculos o festejos taurinos” entre las “infracciones muy graves” de la ley.
En su argumentación, el grupo confederal destaca la preocupación mostrada por la máxima autoridad internacional en Derechos de la infancia, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, con respecto a la participación activa o como espectadores de niños y adolescentes a espectáculos públicos “en los que se maltrate o sacrifiquen animales vivos y donde estos puedan herir de gravedad, incluso matar a humanos en presencia de los menores”.
Este organismo, recuerda, además, “califica el aprendizaje y ejecución del toreo profesional por parte de menores como una de las peores formas de trabajo infantil”.
Además de esta enmienda que se ha presentado con la única firma del grupo confederal, Unidas Podemos ha presentado medio centenar de enmiendas más a la Ley contra la violencia en la infancia pactadas con el PSOE.
Para la presentación de estas enmiendas, han tenido en cuenta las aportaciones de distintas organizaciones del Tercer Sector y la sociedad civil, como la Plataforma de Infancia, Save the Children, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, UNICEF o CERMI.
Determinación de la edad
Entre otras medidas, Unidas Podemos y PSOE proponen, a través de nuevas disposiciones finales el desarrollo reglamentario del procedimiento de determinación de la edad de menores extranjeros no acompañados.
Según indican en la enmienda, el Gobierno tendrá 12 meses desde la aprobación de la ley para desarrollar este procedimiento de modo que se garantice “el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España así como la prevalencia del interés superior del menor”.
Asimismo, sugieren, a través de la introducción de otra disposición final, el desarrollo reglamentario del régimen de aplicación de las medidas de contención en cualquier centro de internamiento de menores, de modo que se garantice el cumplimiento de los principios de “excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición del exceso, así como su aplicación como último recurso”.
Tanto en el caso de la determinación de la edad como en el de las medidas de contención, el Defensor del Pueblo había emitido sendas recomendaciones para que se garantizara el interés superior del menor.
Por otro lado, Unidas Podemos y PSOE proponen reforzar la participación infantil y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados a través de: la participación en la elaboración de los protocolos de actuación en el ámbito educativo y en la mejor definición de la funciones del Coordinador de Bienestar.
También piden reforzar el derecho de las víctimas menores de edad a ser escuchadas independientemente de la edad en todos los procedimientos de acreditación de la violencia, y a que sean apoyadas por profesionales especializados en sus testimonios. Esto incluye medidas para evitar que planteamientos como el síndrome de alienación parental desacrediten los testimonios de los niños y niñas.
Asimismo, plantean en las enmiendas el desarrollo de los protocolos de los centros de menores para que contengan mecanismos sencillos, seguros, accesibles y confidenciales para que los niños, niñas y adolescentes puedan presentar quejas y denuncias sobre su situación en el centro a través de ellos sin sufrir represalias.
Igualmente, sugieren reforzar el rol de la Fiscalía y la periodicidad de las actuaciones de supervisión de estos centros en el caso de la aplicación de medidas correctoras.
