El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha solicitado una entrevista personal a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que prevé visitar la ciudad autónoma por primera vez la próxima semana, para trasladarle la necesidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adopte «medidas urgentes estructurales legales y operativas de Estado» que sirvan para gestionar el «incremento exponencial» de la presión migratoria que soporta la localidad española norteaficana desde febrero «sin depender de Marruecos».
Fuentes de la Ciudad Autónoma han advertido en declaraciones a Europa Press que «hacen falta medidas específicas legales y operativas del Estado para Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la UE en África, antes de que esta deriva nos arrastre de nuevo a situaciones de emergencia humanitaria y colapso a las que ya nos estamos aproximando», sobre todo con los menores extranjeros no acompañados.
Entre el 1 de enero y el 15 de marzo llegaron a Ceuta 743 inmigrantes irregulares, un 312,8% más que durante el mismo periodo de 2023 (180), según el último balance publicado por el Ministerio del Interior. Solo el pasado Martes Santo lo consiguió otro medio centenar en pleno temporal de poniente.
La «situación límite» a la que se asoma Ceuta se vuelve a ojos del Gobierno autonómico «doblemente preocupante» por el cambio de actitud que aprecia en las Fuerzas de Seguridad del Reino alauita, que durante un mes y medio se negó a aceptar el retorno inmediato de sus nacionales mayores de edad interceptados intentando acceder irregularmente a la ciudad.
Aunque a mediados de marzo volvió a hacerlo, esa política ha llevado al CETI al límite de su capacidad máxima operativa. En paralelo, el número de niños migrantes solos tutelados por la administración local se ha triplicado desde principios de año y su número ya roza los 300.
Ello ha obligado a reabrir los alojamientos de emergencia de Piniers clausurados hace un año que se pusieron en funcionamiento en pandemia y en los que se atendió a los cientos de menores que se quedaron en Ceuta tras la crisis migratoria de mayo de 2021.
El Gobierno de Vivas considera que el Estado español debe contar con herramientas «efectivas» no solo para contener las entradas irregulares de menores y adultos con independencia de que Marruecos relaje o no la vigilancia de sus costas, especialmente en coyunturas meteorológicamente adversas. También para «agilizar» las derivaciones hacia otras autonomías de los niños que llegan a la ciudad sin compañía, rechazadas sistemáticamente por las comunidades «con independencia de su color político».
«Los inmigrantes se están jugando y perdiendo la vida para llegar a Ceuta en las peores condiciones posibles, y eso es lo primero que debe obligarnos a actuar», advierten desde el Ejecutivo autonómico, cuyo líder se vio a finales de febrero con el ministro del Interior en pleno conflicto con Rabat y ahora espera hacerlo tanto con Saiz como con el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
En la última Conferencia Sectorial de Migraciones el consejero de Presidencia ceutí, Alberto Gaitán (PP), volvió a reivindicar «soluciones eficaces para la situación de la inmigración de menores y adultos, de refuerzo de la frontera, de control de los puntos de entrada más permeables y de agilización de las derivaciones hacia otros territorios a partir del principio constitucional de solidaridad entre regiones».
El Gobierno de Ceuta va a pedir financiación europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y de la vía de emergencia del EMAS, como en 2021, cuando percibió cerca de 24 millones de euros para gastos de recepción inmediata y alojamiento posterior de personas migrantes, la educación de los menores que se quedaron en la ciudad y «la adaptación de una nave en el Tarajal como centro de primera acogida para crisis futuras».
