El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para que el Gobierno impulse el establecimiento de una pasarela de datos de «peaje obligatorio» para las grandes empresas tecnológicas extranjeras que deseen transferir datos obtenidos en España a sedes en el extranjero, «con el objeto de compensar a los individuos de quienes se obtienen los datos, además de cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes».
Así lo explica el partido que lidera Santiago Abascal y que también quiere que el Ejecutivo promueva «la protección de la soberanía de los datos de los ciudadanos españoles garantizando la máxima información y transparencia en la cesión de datos personales en línea, siempre y cuando no represente una amenaza para la seguridad nacional, la defensa y el interés general».
En la exposición de motivos, VOX sostiene que, ante la «preocupante» transformación en la política de aceptación de cookies que está teniendo lugar en el ámbito digital, «los españoles necesitan certidumbre en cuanto al uso que se da a sus datos por parte de los portales web y las condiciones que supone la aceptación de cookies o el rechazo de estas mediante pago».
En este sentido, defienden que la reciente normativa, vigente desde principios de este año, contempla como alternativa a la aceptación de cookies un muro de pago. «Esta dicotomía obliga a los usuarios a elegir entre aceptar las cookies, permitiendo un seguimiento intrusivo de sus datos, o rechazarlas con la condición de abonar una cuantía económica por cada visita, y así poder salvaguardar su privacidad personal y familiar», apuntan.
Sin embargo, advierten de que «el pago tampoco garantiza per se que no exista el rastreo de información personal, como con las cookies técnicas o necesarias». «Esta nueva política de aceptación de cookies ha generado un escenario donde la privacidad es, más que nunca, un bien de mercado», recalcan.
Para VOX, la nueva política de aceptación de cookies «incrementa la vulnerabilidad» de los españoles y «transgrede sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, así como la autonomía de la voluntad, al comercializar con su privacidad a través del chantaje».
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