La próxima reforma del artículo 49 de la Constitución española marcará un hito histórico y muy necesario en el camino hacia la inclusión al sustituir el término ‘disminuidos por ‘personas con discapacidad’. Una transformación que refleja un cambio de paradigma significativo que desde el movimiento asociativo venimos reclamando e impulsando desde hace décadas.
A nadie puede olvidársele que el lenguaje es la herramienta que moldea nuestra percepción del mundo en el que vivimos y ha desempeñado un papel crucial en la evolución de la conceptualización de la discapacidad.
Desde términos que enfatizaban la limitación hacia la persona, hemos avanzado hacia un enfoque centrado en la individualidad y la inclusión. Este avance ha sido impulsado, en gran medida, por organizaciones, administraciones y colectivos de la discapacidad que próximamente verán cómo su esfuerzo ha merecido la pena.
Es esencial destacar que esta reforma no sólo implica un cambio legal, sino también una llamada a la sociedad sobre la importancia del lenguaje. El término ‘personas con discapacidad’ emergerá próximamente en nuestra Carta Magna como el consensuado y legalmente establecido en la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que fue ratificada en 2007. Este término, respaldado por la legislación nacional, no sólo tiene validez jurídica real sino que también contribuye a la normalización del concepto de ‘discapacidad’ en la sociedad.
La uniformidad en el uso de términos es esencial para fortalecer el discurso y evitar confusiones. La evolución terminológica, desde ‘subnormales’ hasta ‘personas con discapacidad’, se traduce en un proceso de empoderamiento y cambio de enfoque. En la actualidad, diversos términos como ‘capacidades diferentes’ o ‘diversidad funcional’ surgen, pero su adopción podría desdibujar la identidad y diluir la atención en las necesidades específicas de este colectivo.
Además, la próxima reforma de la Constitución no sólo aborda el cambio de lenguaje, sino que también destaca la importancia de la accesibilidad universal. Impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad es un compromiso fundamental. La mención específica de colectivos vulnerables, como mujeres y menores con discapacidad, subraya un enfoque integral en la promoción de la igualdad de oportunidades.
En conclusión, la reforma del artículo 49 va más allá de la modificación legislativa; representa una llamada a la sociedad para adoptar un lenguaje inclusivo y reconocer la diversidad en su máxima expresión. Es un paso fundamental hacia una sociedad que ha de valorar y respetar las diferencias, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades, puedan ejercer plenamente sus derechos.
*Director Gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha
