Quisiera, —en una especie de carta abierta—, dirigirme a los diputados del PSOE que, a partir de esta semana, tendrán en su mano la posibilidad de hacer viable un proyecto de país, compatible con su dignidad personal, con la de su histórico partido y con la de la España que la gran mayoría de los españoles desea y quiere. John F. Kennedy decía, no preguntes que puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país. Y a eso voy.
La pasada semana, el Partido Socialista Obrero Español, se ha cobrado, simbólicamente, una codiciada pieza de caza mayor. A saber. La derrota del señor Feijóo, en su intento por ser investido presidente del gobierno. La estrategia del PSOE ha funcionado y, ahora recae en este partido, intentar conseguirlo. De explorar sus posibilidades reales para gobernar y de ver hasta donde se puede comprometer para lograrlo.
Las insaciables pretensiones nacionalistas, cuyos votos son imprescindibles ahora, hacen muy difícil conseguir su apoyo. Pretender una amnistía, como si nuestro estado de derecho no hubiera existido el 1 de octubre de 2017; o querer un referéndum de autodeterminación —que sería claramente inconstitucional—, no parecen monedas de cambio para que el Secretario General del PSOE, sea apoyado para ser presidente del gobierno.
Pero si el señor presidente en funciones se empeñara en seguir siéndolo a toda costa, —como parece insinuar—, los socialistas electos, tendrían un conflicto con los ciudadanos a los que representan y con su propia conciencia. Por eso creo que es necesario encontrar la forma de que, los diputados que así lo deseen, actúen con la dignidad que requiere la situación, sin tener que traicionar ni a su electorado, ni a su partido, ni a su propia conciencia.
Y no habría transfuguismo. Se trataría, de lo que han hecho diputados muy conocidos, —como fue el caso de Celia Villalobos, que votó en contra de la ley del aborto propuesta por el PP, o cuando Odón Elorza lo hizo en contra de la decisión del PSOE de apoyar a Mariano Rajoy en su investidura en 2016—. Pero es que no haría falta que votaran en contra. Simplemente con abstenerse algunos, conseguirían que se tuvieran que convocar nuevas elecciones.
A partir de ese momento, si, como dice Emiliano García Page, su partido consigue más diputados de los que ahora tiene, no necesitaría el apoyo separatista, ni tendría que abonar la elevada factura que pagaría si lo hiciera en estos momentos. Y se supone que si pudieran gobernar los populares, lo harían sin el apoyo nacionalista, ya que, la oferta del señor Feijóo, ha sido insuficiente para ellos, como quedó demostrado en su fallida sesión de investidura.
Conviene recordar el coste económico que el apoyo separatista le supone al Estado. El gobierno catalán exige anualmente 22.000 millones de euros, para corregir el déficit fiscal crónico de Cataluña. Pide la condonación de su deuda pública que, en el segundo semestre de 2023, estaba en 86.800 millones de euros. Y, Junts per Catalunya, cifra en 450.000 millones de euros la deuda histórica del Estado con Cataluña. En total, 625.000 millones de euros.
Si tenemos en cuenta que la deuda pública española, desde 2019, ha aumentado en 330.000 millones de euros, el importe total que demanda Cataluña, es prácticamente el doble. Si a todo esto añadimos la deuda neta de la Seguridad Social, que asciende a más de 100.000 millones en 2023, el gasto total que todo ello genera a las arcas públicas, hacen inviables las cuentas de nuestra economía, con un déficit público que podría rondar el 200% de nuestro PIB.
Creo que la mejor solución no es favorecer tanto al nacionalismo. Es como alimentar a una bestia, que acabará devorándonos. Y, ello supone, además, una flagrante discriminación con las regiones más deprimidas de nuestro país. Lo que en sí mismo constituye una injusticia y un aumento de las desigualdades entre todos los españoles. Se quiebra así el principio básico que los socialistas han defendido desde su fundación en el siglo XIX. El de la igualdad.
Por coherencia con el programa electoral con el que concurrió su partido a las elecciones generales del 23 de julio pasado y con los acuerdos que, sobre esta materia, han sido aprobados en los órganos de dirección del PSOE hasta ahora, el voto en conciencia estaría, moral y éticamente, más que justificado. Sin que cupiera represalia o sanción alguna que, de producirse, iría en detrimento de la credibilidad y de la propia imagen del partido.
Pero solo es una sugerencia. Espero que algunos puedan reflexionar sobre ella.
