Cuando un juez dicta sentencia, lo hace como es lógico al margen de las consecuencias que tal decisión comporta, aunque sean de proporciones descomunales, así debe ser la justicia. La flamante sentencia del Tribunal Supremo que hemos conocido, por la que los impuestos derivados de la constitución de hipotecas deben ser sufragados por los bancos y las extintas cajas y no por los hipotecados, ha puesto de los nervios a accionistas y banqueros pues la banca se ha dejado hoy en el parqué unos seis mil millones de euros.
Reclamar ahora a las entidades financieras las cantidades pagadas a Hacienda desde hace más de treinta años en millones de hipotecas, piensen en el boom inmobiliario de principios de siglo, es referir necesariamente cantidades de dinero ingentes pues estamos hablando de porcentajes entre el 0,5 y 1,5 por ciento sobre la cantidad hipotecada, según la comunidad autónoma, a la que añadir los intereses legales devengados y que años atrás llegaron a estar por encima del cinco por ciento, es decir, un dinerito.
Esta sentencia puede llegar a constituir un tsunami financiero de considerables proporciones. Me comentaba el director de un banco que las cantidades reclamadas suponen cientos de millones de euros en las hipotecas de los últimos cuatro años. De las restantes… mejor no pensar si no se quiere entrar en vertiginosos laberintos de litigios, papeleo y dinero, en los que no estarían exentos herederos de hipotecados fallecidos. El número de hipotecas vigentes en la actualidad supera los seis millones, una cifra mareante.
La reclamación de las cantidades parece ser que va a tener dos tramos. Aquellas hipotecas constituidas cuatro años atrás serán reclamadas por Hacienda a los Bancos, tras la petición del titular de la hipoteca. Para las operaciones más antiguas será el juzgado quien dicte la sentencia para aquellas que no la tengan ya firme, pues recordemos que el Supremo había dictado una sentencia anterior de manera contraria. Los afectados, se estarán tirando de los pelos con total seguridad.
Bancos, Cajas y Cooperativas de Crédito no dan crédito, valga la redundancia, a la sentencia, alegando inseguridad jurídica. Es de suponer que recurrirán al alto Tribunal Europeo.
Esta sentencia bien puede ser el último eslabón de una práctica abusiva en las que tuvieron cabida comisiones cobradas por duplicado, de estudio y que tuvieron su cenit en las declaradas ya ilegales clausulas suelo.
Pero en esta feria no todos pierden, a quienes les ha tocado la lotería, en caso de sustanciarse, ha sido a los abogados. Con los miles de juicios a la vista es de esperar que todos tengan trabajo. Y los juzgados… ni les cuento.
