La palabra mecenazgo se la debemos al noble romano Cayo Mecenas, coetáneo y amigo del emperador Augusto que, en el siglo I, financiaba y protegía el arte, la cultura y que promociono a poetas como Horacio o Virgilio.
A partir de ese momento todo lo que conocemos como arte antiguo estuvo en manos de la iglesia católica y de los reyes, donde se ejercía el mecenazgo como monopolio, ya que solo algunas personas podían permitirse impulsar cualquier tipo de arte, acabando por ser usado como medio de propaganda o promoción a la que solo tenían acceso las clases adineradas de la sociedad.
Estas mismas pautas siguen en el renacimiento, donde la aristocracia como los Medici empieza a recopilar una serie de autores impulsando la creación de obras, dotándoles a cambio de contactos entre la corte, para realizar en muchos casos encargos exclusivos, sin poder ejercer su totalidad de libertad artística.
Esto se hace patente también en el barroco donde se usaba el arte como medio de propaganda al servicio de la corte para reflejar poder o de la iglesia que dicto normas estrictas de la forma en la que era representado el arte a partir del concilio de Trento, como arma para luchar contra la reforma católica.
Ya en la edad moderna es cuando el arte empieza de alguna manera a democratizarse, pasando algunas de las obras al servicio del gran público a través de museos y de los estamentos públicos, pero esto también es aprovechado por marcas y fundaciones, normalmente bancarias, para mostrar y crear imagen corporativa, promocionar sus productos y prestar un cierto servicio a la sociedad. Más adelante aparece el popular crowdfunding, donde toda persona puede apoyar el arte y la cultura haciendo su donación y a cambio recibe alguna recompensa del artista, que no pierde el control sobre su obra.
En este momento es bastante popular sacar leyes y ordenanzas de mecenazgo o patrocinio, este último a cambio de publicidad de la marca o producto, en muchos casos de empresas que buscan como fin un mayor impacto entre los posibles consumidores, lo que antes hacia la corte o la iglesia se pone al servicio de las macroempresas, usando estos eventos como forma de promocionar y sacar rendimiento económico privado.
Por esto me asaltan muchas dudas en cuanto a este tipo de ordenanzas o leyes, por la posible intrusión de organismos privados en lo que debería de ser un servicio público. La cultura es un derecho universal que tendría que estar garantizado a toda la sociedad, al igual que la libertad de expresión y artística. La intromisión de empresas privadas en la toma de decisiones sobre los eventos o participantes puede llevar a una falta de diversidad artística, encarecimiento, o que la imagen de marca y negocio prevalezca sobre lo cultural. También se puede llegar a sobrevalorar obras o colecciones de arte, con motivos de encarecimiento o promoción, como puede ser el ejemplo de la colección Roberto Polo de Toledo, o simplemente como un privilegio de las clases más adineradas como puede ser la obtención de beneficios fiscales, como se ofrece en algunas partes de la actual Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha.
Después de la crisis y cuando se pueda volver a programar cultura de forma continua, tenemos que empujar y apoyar desde los organismos públicos al sector cultural, con eventos preferiblemente de gestión directa, teniendo en cuenta que las iniciativas de mecenazgo y patrocinio son necesarias siempre y cuando se puedan gestionar de forma trasparente. Es necesario un control estricto para que no se conviertan en falta de diversidad artística, con un desarrollo democrático de la participación, donde se regulen los motivos de las entidades privadas, y que se cumplan protocolos éticos para afrontar con garantías el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos laborales, la diversidad sexual, cultural o artística, que todo el mundo tenga acceso con unos precios populares y, sobre todo, para que lo privado no se apodere también de lo público en el mundo de la cultura.
