Aproca también ejerce la acusación popular en el juicio por la muerte del lince Kairos en La Caminera

Belén Rodríguez Ciudad Real
Imagen de archivo de la suelta de un lince/ Carlos Serrano

Imagen de archivo de la suelta de un lince/ Carlos Serrano

Los titulares de cotos, incluidos en el programa de reintroducción Iberlince, quieren que se visualice el compromiso del sector cinegético con la conservación de especies en peligro de extinción. Piden 14 meses para el acusado, mientras que la fiscalía eleva a 2 años y medio la solicitud de condena. Ecologistas en Acción reclama 4 años y 180.000 euros

Un guarda de la finca La Caminera, en Torrenueva, sobre la que se asienta un hotel de cinco estrellas y un campo de golf (ahora cerrado) se sienta este martes en el banquillo de los acusados de los juzgados de lo Penal de Ciudad Real, como supuesto responsable de la muerte de uno de los linces ibéricos reintroducidos en la provincia a partir de 2014.

El ejemplar, de nombre Kairós, cayó en diciembre de 2014 en un lazo que el acusado colocó en la finca para eliminar predadores, por instrucciones de la sociedad que la gestiona Promociones Sagemar (con domicilio social en Girona). Lo grave es que supuestamente esta persona encontró el animal muerto y en vez de comunicar lo que había ocurrido (todos los linces que se liberan están radiomarcados con GPS), lanzó el cadáver al coto colindante, el barranco de la Gomera en Castellar de Santiago, en el que fue localizado el 16 de diciembre.

En el caso, en el que Ecologistas en Acción pide una condena ejemplarizante de 4 años de prisión y 180.000 euros de responsabilidad civil, también está personada la asociación de propietarios cinegéticos y cotos Aproca, que acusa por dos delitos contra el medio ambiente pero considera ajustada una pena de catorce meses de prisión para el acusado.

Aproca, con la conservación de las especies

“Queremos que se visualice el compromiso del sector cinegético con la recuperación de especies amenazadas”, ha explicado a Lanzadigital.com el abogado de Aproca en el caso Santiago Ballesteros.

Esta parte considera que con 90.000 euros de indemnización al Gobierno de Castilla-La Mancha y al de Andalucía (ambos en el programa Life Iberlince) el guarda y los dueños de la finca subsanan el daño causado.

La fiscalía por su parte reclama dos años y medio de pena para el empleado, acusado no sólo de matar al animal en un lazo que no estaba autorizado como medio de control de predadores, sino de deshacerse del lince en el coto colindante cuando vio que había muerto.

El valor previsto del ejemplar que murió estrangulado es de 90.000 euros, al tratarse de una especie amenazada y en peligro de extinción, incluida en el Decreto 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Pero para Ecologistas en Acción, representada en el caso por la abogada Carmen Daimiel, el valor podría ser superior “si a ello sumamos los gastos en dinero público por provenir de un programa de cría en cautividad”.

Kairós, una hembra, fue el tercer lince ibérico hallado muerto en Ciudad Real en los primeros meses de las sueltas de ejemplares criados en cautividad en Castilla-La Mancha, que se hicieron en julio de 2014 en Almuradiel.