El alcalde de Membrilla asegura que notificó por escrito a la cooperativa Galán de Membrilla que adoptara medidas para evitar vertidos a la red del río Azuer. Manuel Borja recibió este jueves el auto del juzgado por el que declara la apertura de juicio oral por “permitir” y “consentir” vertidos contaminantes que acabaron en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel durante las temporadas de la vendimia 2013 y 2014.
La Fiscalía pide pena de dos años y medio de cárcel para Manuel Borja y la concejala de Medio Ambiente, Trinidad Alcaide, como responsables del control de los vertidos durante esta etapa. En su escrito, el fiscal pide una pena similar para el exalcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, y el exconcejal Manuel Martín-Gaitero, también del Partido Popular y alejados ya de la vida política.
Con las elecciones municipales a la vista, la Fiscalía también pide la inhabilitación de los cuatro acusados para ejercer cargo de alcalde o cualquier otro relacionado con el medio ambiente, aunque Manuel Borja despejó este jueves las dudas sobre su candidatura durante el pleno.
La intención en seguir como cabeza de lista del PP y, pese a que dice que le “duele” esta situación”, es más importante la “ilusión” de emprender un nuevo proyecto. Manuel Borja es miembro del Comité de Dirección del Partido Popular de Ciudad Real, vocal del Comité del PP de Castilla-La Mancha y de vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias (Femp).
La cooperativa, en el punto de mira
En otro orden, Manuel Borja confía en la justicia y en poder defender su inocencia. A pesar de que asegura haber defendido siempre a la cooperativa, Borja pone el punto de mira en la que considera la empresa “más importante de Membrilla”, pues fue “quien causó el vertido”, pese a que, a su juicio, “sus responsables lo podrían haber evitado”.
El primer edil asegura que advirtió verbalmente y por escrito a la cooperativa de que adoptara las medidas requeridas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sin impedir la actividad de la vendimia, “para evitar un perjuicio para los socios y la propia cooperativa”. Borja considera que desde el Equipo de Gobierno “se adoptaron todas aquellas medidas” que tenían dentro de sus “posibilidades”.
Pese a la alerta dada, Manuel Borja señala que sus peticiones “fueron ignoradas” e indica que el Ayuntamiento de Membrilla no tuvo ninguna advertencia de que “la carga contaminante de estos vertidos no podría ser depurada por la EDAR” compartida entre Manzanares y Membrilla, que tiene una capacidad para una población de 72.000 habitantes, pese a que las dos localidades no llenan a los 25.000.
De hecho, asegura que, con fecha de 10 de octubre de 2014, cuando tuvieron conocimiento de la importancia de los vertidos, una vez producidos, se acordó la prohibición de vertidos a la red general de alcantarillado a la cooperativa”. Borja considera que si se hubieran seguido las recomendaciones “no se hubiera llegado a la situación actual”, con cuatro personas acusadas de un delito, ni “a poner en peligro la propia cooperativa”.
Cierre de filas en torno a Trinidad Alcaide
Asimismo, Borja cierra filas en torno a Trinidad Alcaide y asegura que en ningún momento intervino en los hechos que la imputa la Fiscalía, “ni en las numerosas reuniones mantenidas con los responsables de la cooperativa”.
