El juicio por presuntos abusos sexuales a P.J.A., el exsacerdote del seminario de Ciudad Real apartado por pederastia de la iglesia católica antes de ser juzgado por la justicia ordinaria, se ha suspendido este lunes sin fecha de reanudación por una cuestión técnica: la defensa no tiene copia grabada de las declaraciones de los menores en instrucción.
Francisco Maroto, el abogado que defiende al procesado, ha planteado la nulidad de actuaciones por indefensión, y la sección primera de la Audiencia de Ciudad Real que juzga el caso las ha aceptado en lo que afecta a la primera exploración de los nueve niños que denuncian.
El juicio se retrasa meses
La admisión de esa cuestión previa obliga a la defensa a formular un nuevo escrito de descargo, para el que se fijará un nuevo plazo, y en base a él habrá que volver a buscar una fecha para celebrar el juicio, algo que llevará al menos unos meses.
Para preservar el derecho de defensa
La decisión de decretar la nulidad parcial de actuaciones la ha tomado la sala en el trámite de cuestiones previas, “en aras de la garantía del derecho de defensa”, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El plazo para el nuevo escrito de defensa se fijará por auto judicial del tribunal que preside la magistrada María Jesús Alarcón en unos días.
La acusación, comprensiva con la defensa
Rodrigo García, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de tres de las presuntas víctimas, se ha mostrado comprensivo con la decisión del tribunal y no la va recurrir. “En España el derecho a la legítima defensa prevalece por encima de otra circunstancia; mi compañero ha presentado excepciones procesales y una de ellas ha prosperado”, ha explicado a la salida de la vista, que apenas ha durado dos horas.
“Un juicio es justo cuando la defensa se ha podido valer de las herramientas que le otorga el Estado Derecho, la legítima defensa tiene que prevalecer”, ha insistido.
A puerta cerrada
El tribunal también ha decidido celebrar todo el juicio a puerta cerrada para preservar la intimidad de las presuntos víctimas, alguno de ellos ya mayor de edad, aunque en el momento de los hechos tenían entre 11 y 14 años.
El sacerdote acusado, que mantiene su inocencia, no querido hacer declaraciones. Ha salido y entrado de la Audiencia por la puerta principal, sin ocultarse, acompañado de su abogado.
Entre los años 2013 y 2015
P.J.A., afronta una grave acusación por presuntos abusos sexuales a nueve menores, a los que formaba en el seminario de la capital entre los años 2013 y 2015.
Fiscalía y acusación particular reclaman para él penas que suman unos 40 años de cárcel, como presunto autor de una veintena de abusos a chicos que entonces tenían entre 11 y 14 años.
Lo abultado de la calificación se debe a la suma de conductas sobre las que se piden cuatro años de prisión, en vez de acusar por delito continuado, aunque otras están consideradas menos lesivas y se solicita multa.
Era el responsable de alumnos de ESO
La fiscalía considera probado que el sacerdote, formador del seminario menor de la Diócesis de Ciudad Real y responsable de los alumnos de la ESO, aprovechó el tiempo que pasaba con los chavales durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, para abusar de nueve de ellos. Las situaciones siempre eran de uno en uno y sin público, hasta que la psicóloga del centro empezó a sospechar y puso los hechos en conocimiento del Obispado.
Lo particular de este caso es que fue el Obispado de Ciudad Real el que informó a las familias de los chicos de lo que pasaba, después de abrir una investigación interna.
Fue también el Obispado el que puso en conocimiento de la fiscalía el presunto caso de abusos sexuales en el mes de febrero del año 2016, tras cerrar la investigación interna y apartar al sacerdote del seminario. Del presunto proceder de este cura se informó también a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma.
Expulsado por decreto papal
El proceso canónigo culminó en mayo de este 2019 con una resolución del Papa Francisco que decretó por oficio la dimisión del sacerdote “por el bien de la iglesia”, si bien el acusado, que defiende su inocencia, se ha negado a cumplirla. En la práctica no da misa ni ejercer como sacerdote.
