La deriva negativa del aeropuerto capitalino podría enmendarse en unos meses, una vez se abra un nuevo proceso de venta, tras la operación frustada de Ciudad Real International Airport (CRIA).
En las primeras horas tras el impacto que supuso la confirmación de los peores presagios por parte de Rafael Gómez Arribas, principal socio de la adjudicataria, las partes ya se están recomponiendo y esperan con expectación el auto que con toda probabilidad publicará a principios de la próxima semana el juez Carmelo Ordóñez.
Al parecer, con los tiempos muy medidos, y tras declarar nulo el derecho adquirido de manera provisional por CRIA para hacerse con el activo, el nuevo procedimiento tendría las máximas exigencias judiciales, con más porcentajes en la garantía económica que confirme de manera inequívoca la capacidad financiera para acometer la compra.
Todavía resuenan los ecos de las conductas falaces que se presentaron al mismo proceso donde CRIA se alzó con la infraestructura, en el que el juez decidió deducir testimonio procesal a la empresa Richard Taffin de Givenchi y al avalista del Grupo Orden 12, al considerar que habían engañado al juzgado por presentar un aval falso.
A la nueva convocatoria acudirían al menos las cuatro empresas que en los últimos meses habrían mostrado su interés por gestionar la infraestructura, además de la propia CRIA, según sostuvo Gómez en la comparecencia del jueves para anunciar el fin de su primera apuesta.
Respecto a la cifra económica para hacerse con el aeropuerto, fuentes consultadas por este diario apuntan a que podría fijarse por debajo de los 50 millones, que darían para satisfacer la deuda de los más de 30 millones de los créditos contra la masa.
Si a lo largo de este 2018 se completara la deseada compra del complejo aeroportuario se cumplirían cinco años desde que comenzó la venta, en diciembre de 2013, a un precio de 100 millones de euros.
A las compañías Air Berlin y Air Nostrum, les siguieron Ryanair y Vueling, que transportaron en conjunto a unos 100.000 pasajeros a capitales españoles y otros puntos internacionales como París y Londres, además de los vuelos privados que se mantuvieron hasta abril de 2012 cuando ya no fue prorrogada la licencia de vuelo del aeropuerto.
También se movieron algo más de un millón de kilos de mercancías.
Concurso de acreedores
En junio de 2010 la empresa propietaria Ciudad Real Aeropuertos, que no se ha pronunciado en las últimas horas, fue declarada en concurso de acreedores y fue el nuevo punto de inflexión negativo para la infraestructura, en cuyo plan de liquidación se contemplaba los procesos de venta, primero al mejor postor y posteriormente a través de la subasta.
Desde esa fecha, ningún grupo inversor ha conseguido la propiedad del aeropuerto al no haber transferido el dinero, aunque en julio de 2015 la misteriosa sociedad Tzaneen, supuestamente de inversores chinos, se adjudicó el aeropuerto en una subasta por la irrisoria cantidad de 10.000 euros.
Tras la llegada de Carmelo Ordóñez a finales de ese año al Juzgado de lo Mercantil, a principios de 2016 anuló este proceso, al entender que era ilegal la segregación del activo aeroportuario del resto del complejo (la parte inmobiliaria), y abrió un nuevo procedimiento con cinco empresas concurrentes que ganó CRIA.
Esta sociedad obtuvo la adjudicación provisional en abril de 2016 y tras pagar los 2,8 millones del aval correspondiente al 5% de los 56 millones fijados para la compra, desarrolló un proyecto de explotación, centrado en el mantenimiento de grandes aeronaves, y empezó la búsqueda de inversores, que ha sido fallida.
De hecho, llegó a conformar la sociedad SMIA-HLA, con Hispano Lusitana de Aviación (HLA) para construir un hangar de grandes dimensiones.
Las expectativas laborales que planteó fueron muy amplias, con la creación de más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos en los primeros años, además de anunciar otra línea de negocio con la promoción de vuelos deportivos, de caza, y de bajo coste.
Una larga historia
La historia del primer aeropuerto privado de España comenzó en 1997 en base a una propuesta de la Cámara de Comercio y tras más de una década de trabajo para salvar los exigentes trámites de construcción del complejo, alguno de ellos invalidados por las autoridades europeas, y de obtener las licencias y permisos para realizar operaciones aeronáuticas, la infraestructura empezó a funcionar en diciembre de 2008 con el primer vuelo a Barcelona, una actividad comercial que se mantuvo apenas tres años, hasta octubre de 2011.
En este aeropuerto, siempre salpicado por los escándalos (cambió de nombre varias veces -Quijote, Sur de Madrid y Central) operaron las compañías Air Berlin, Air Nostrum, Ryanair y Vueling, que transportaron en conjunto a unos 100.000 pasajeros a destinos nacionales e internacionales como París y Londres, además de acoger vuelos privados que se mantuvieron hasta abril de 2012.
También se movieron algo más de un millón de kilos de mercancías.
En 2010 se declaró el concurso de acreedores y marcó el nuevo punto de inflexión hacia el fracaso de la infraestructura, en cuyo plan de liquidación se contemplaba los procesos de venta, primero al mejor postor y posteriormente a través de la subasta y la adjudicación directa.
Tras casi dos años de expectativas positivas ante el proyecto de CRIA avalado por el juez y su final fallido, en los próximos meses se podría escribir una nueva página de la infraestructura con final feliz.
