Ecologistas en Acción ha ido hasta el final en los tribunales en el caso de la muerte del lince Kenitra por un disparo en una finca de Torre de Juan Abad. El ejemplar, de los primeros que se liberaron en julio de 2014 en Ciudad Real, murió de un disparo en un rececho de zorros en la finca Fuente del Campo, que la organización ecologista sí ve delictivo, en contra del criterio de la fiscalía que ha pedido el sobreseimiento del caso.
Kenitra, un macho del centro de cría de La Olivilla del proyecto Life Iberlince en el que participa el Gobierno de Castilla-La Mancha, fue liberado en julio de 2014 en la finca Navarredonda de Almuradiel. Cuatro meses después, el 22 de octubre, murió en lo que eufemísticamente se denominó “una acción cinegética” que investigó el Seprona. Fue el segundo ejemplar de los recién liberados en la comunidad muerto por el hombre y se organizó un buen revuelo.
Ecologistas en Acción, contra el administrador
Cuatro años después Ecologistas en Acción sentará en el banquillo de los acusados (el martes que viene, en el juzgado de lo Penal 2 de Ciudad Real) al administrador de la finca E.E.P, al que acusa de un delito contra la fauna por organizar un rececho para el que supuestamente no tenía autorización ni disponía de personal formado (el guarda que disparó).
Los conservacionistas consideran una temeridad que se pusieran a cazar predadores cuando sabían que en la zona se habían liberado linces, y solicitan una condena de 2 años de prisión y cuatro de inhabilitación para la caza.
180.000 euros que la defensa rebate
La organización, acusación popular en el caso, reclama además 180.000 euros de indemnización a la mercantil Retamoso de La Mancha, propietaria del coto, para que le paguen al Gobierno de Castilla-La Mancha tanto por el valor del lince (en peligro de extinción) como por los gastos que supone el programa de cría en cautividad y reintroducción en el medio natural.
La Junta no está personada en el caso
La fiscalía no acusa y la defensa del administrador insiste en que no hay ningún delito, “el escrito de la acusación popular está repleto de inexactitudes”, aseguran. Esta parte rebate la legitimidad de la acción popular para exigir una indemnización, algo que le correspondería al Gobierno regional que ni siquiera está personado en el caso.
En el mes de marzo de este año el guarda de una finca de Torrenueva aceptó una pena de multa por la muerte de otro lince, Kairos, liberado también en julio de 2014 con Kenitra y otros. En ese caso el felino murió en un lazo sin freno y se condenó a la finca a indemnizar con 90.000 euros al Gobierno regional.
