El potencial de crecimiento de Castilla-La Mancha en el sector agroalimentario y el dinamismo exportador de la región son factores que podrían hacer frente a la eventual recesión económica, a la que apuntan indicadores a nivel nacional como el aumento del desempleo, la ralentización de las inversiones, la cifra de negocios empresarial y la falta de confianza de los consumidores.
Sin embargo, hay “nubarrones” que se ciernen sobre la “frágil” economía de una comunidad con un fuerte endeudamiento y la “necesidad imperiosa” de optar a una financiación autonómica “más solidaria”, que le permita establecer mecanismos para cubrir las necesidades sociales y el coste de los servicios públicos.
Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa de la Universidad de Castilla-la Mancha (UCLM) es optimista con el actual escenario de la economía nacional y regional, aunque “pone deberes” a las administraciones públicas, para mantener a raya el déficit público y alcanzar una solvente tasa de crecimiento que permita la creación de empleo neto.
En el caso de la comunidad castellano-manchega, el docente apunta a la necesidad de que el Gobierno autonómico “se ponga las pilas”, haga un ajuste presupuestario y establezca una estrategia industrial que refuerce el desarrollo económico a medio y largo plazo.
También habría que demandar una revisión de la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para impulsar un modelo que garantice una fiscalidad equitativa y que permita ofrecer los mismos servicios que en conjunto del Estado.
El también decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real destaca el “potencial de crecimiento” regional ubicado en “sectores estables” como el alimentario y la capacidad exportadora en productos como el vino o los bienes de equipo, si bien apunta hacia la industria “de alto valor añadido”, en los sectores de la tecnología y auxiliar de la madera, como una apuesta fundamental.
“No estamos mal, pero habría que hacer un esfuerzo para diversificar el tejido industrial”, deficitario en Castilla-La Mancha, “potenciar los polígonos de los corredores de La Sagra y Henares” para, a su juicio, consolidar una escalada de crecimiento y generar empleo de calidad.
Otra “ventaja” con que cuenta la comunidad es “la expansión de Madrid”, que “tiene que ser nuestra expansión”, principalmente en las provincias de Guadalajara y Toledo, y subsidiariamente en otras como Ciudad Real.
Para Rubio, Puertollano, como ciudad industrial, necesita “una redefinición” de su estructura productiva.
Desaceleración
A nivel nacional, el especialista en fiscalidad ve “sombras” en el horizonte, avaladas por datos coyunturales como el retroceso del comercio minorista, la bajada de la confianza en el consumo, o el parón de las exportaciones.
El catedrático quita hierro a las alertas sobre una eventual crisis económica que, a su juicio, no será tal porque el crecimiento económico se mantendrá en la senda positiva al finalizar el ejercicio, aunque “a menor velocidad”.
Sí hay, según puntualiza, una ralentización que afecta directamente a una de las principales debilidades de la economía española, como es el desempleo.
“Es cierto que hay una desaceleración”, reconoce, tras años con un desarrollo “insostenible” al 3% anual, que marcó una gran diferencia con el resto de economías europeas, y que “ahora ha acortado”. Así, España se mantendrá en esta senda pero “a menor velocidad”.
Sin embargo, sería necesario cumplir con unos “deberes” para evitar una crisis total, y que el paro reciba las consecuencias del enfriamiento económico en una estructura “débil” y dependiente de los factores coyunturales.
Por ello, Rubio muestra su preocupación “por el escaso margen de maniobra” que tiene el país ante un parón de la economía, al estar endeudado “casi al 100%”.
Desde 2008, los distintos gobiernos “han perdido el tiempo y no han abordado reformas estructurales como la regulación de la energía, el sistema tributario, la reforma laboral, la mejora del mercado laboral o la modernización del modelo de financiación autonómica”.
