El juicio contra Pedro Garrido, el corredor de seguros de Villarrubia de los Ojos que presuntamente estafó alrededor de 1,2 millones de euros a una treintena de familias se celebrará en la Audiencia provincial de Ciudad Real los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre.
La mayoría de afectados, representados por el abogado José Luis Vallejo, acusan a Garrido de estafa y falsedad documental por las prácticas fraudulentas en las que empleó sus ahorros, a través de productos financieros con intereses por encima del mercado y pólizas vinculadas a compañías como Helvetia y Santa Lucía.
Por estos hechos, destapados hace seis años, el letrado de la acusación particular pide 6 años de cárcel (Garrido ya ha cumplido en prisión dos años menos un día) y una multa de 12 meses a 20 euros diarios, así como solicita cuatro años para la mujer e hija del principal encausado, a las que considera “cooperadoras necesarias” de la estafa.
Jesús Javier Juárez, uno de los estafados (perdió junto a su padre una gran cantidad de dinero), que ha ejercido de portavoz en los medios desde que el fraude colectivo vio la luz, afronta el juicio con “frustración” después de “casi siete años de calvario” y con un daño causado que “ninguna sentencia va a subsanar”.
Entre las víctimas se han producido tres muertes entre las personas más mayores, por distintas enfermedades, “pero agravadas por el sufrimiento”, así como “hay otra mujer, viuda de uno de ellos, muy delicada”.
“No es justo”, agrega Juárez, porque “en vez de estar preocupados por los achaques de la edad, están pendientes de dónde está su dinero”.
Juárez, que acaba de cumplir 50 años, y que también ha sufrido un desgaste personal, se muestra “desanimado”, pues “ni siquiera ya es cabreo ni odio”.
Cansado de la situación que arrastra junto a muchos vecinos de la localidad desde que en 2016 fue descubierta la trama, de la que ahora no se hacen responsables las principales firmas de seguros, pide “más herramientas judiciales para cubrir las necesidades de los ciudadanos”.
La dilación en el tiempo del proceso judicial es un peso que “ha creado muchos daños colaterales”, en su caso también con una lesión de espalda que le ha llevado a cobrar una pensión por incapacidad.
“Tenemos un sistema en el que, lamentablemente, es demasiado fácil engañar y estafar a la gente y eso tendría que estar más controlado”, ante la impotencia de que Garrido “vive en Daimiel muy bien”.
Así, espera, como la mayoría de afectados, “la sentencia más justa” en la vista señalada en el tribunal provincial, aunque cree que “acabará en apelación en Albacete (Tribunal Superior de Castilla-La Mancha –TSJCLM-)”.
El caso se destapó a mediados de 2016 cuando la Guardia Civil detuvo a Garrido y a su hija tras el registro del negocio familiar, la correduría ‘Perkapital’. Desde, el principal imputado, abusó, presumiblemente, abusó de la confianza de sus vecinos para captar capitales y ahorros e invertirlos en productos bancarios y en la contratación de seguros de vida, en teoría con gran seguridad jurídica y rentabilidad económica.
