La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 4 años de prisión por apropiación indebida a Antonio C.C., un promotor inmobiliario de Miguelturra, al que el tribunal declara culpable de apropiarse del dinero que una pareja le entregó para cancelar la hipoteca que pesaba sobre la vivienda que le compraron en la calle Dinamarca de esa localidad en 2007. Esa deuda, con la entidad Caja España, asciende hoy a unos 200.000 euros.
La vivienda es la única casa de este matrimonio que están pagando una segunda hipoteca con Globalcaja (la que contrataron al escriturar en 2007 con el acusado). “Estamos satisfechos con la pena de cárcel, es lo que solicitábamos y dos años más de lo que pedía la fiscalía, pero si no paga esto no resuelve nada”, ha explicado a Lanzadigital.com Diego Pérez, el abogado de las víctimas.
Expuestos al desahucio
La condena penal, que también implica multa de diez meses con cuota de doce euros diarios, es una victoria moral, “nos dan la razón y este señor pagará por lo que ha hecho”, pero la realidad es que si el condenado no asume el pago de esos 200.000 euros de la primera hipoteca, el matrimonio se expone a ser desahuciado por Caja España, pese a llevar diez años pagándole a Globalcaja, entidad con la que tienen otro pleito abierto por lo civil.
En la sentencia, que se acaba de notificar a las partes y no es firme, el tribunal ha aplicado las agravantes de vivienda principal y cantidad apropiada, tal y como pedía la acusación particular. La condena supera en dos años a la pena que pedía la fiscalía.
El tribunal considera probado que el matrimonio le compró a Antonio C.C. en 2007 una vivienda unifamiliar de una promoción en la calle Dinamarca, gravada previamente por una hipoteca en Caja España, pero en vez de subrogarse a ese préstamo suscribieron otro con Caja Rural (ahora Globalcaja) de 150.000 euros, para cancelar la primera hipoteca. En vez de eso el acusado se transfirió el dinero del acuerdo a una cuenta personal y dejó de pagar en noviembre de 2008, por lo que a fecha 2014, cuando se interpuso el pleito, lo que restaba por abonar eran 200.000 euros.
Arruinado por estallido de la burbuja inmobiliaria
En su defensa el acusado, “un paleta metido a constructor con pocos conocimientos de gestión financiera” -según su abogado-, alegó que se había arruinado y que no quiso engañar a nadie. De hecho según señalaron en el juicio en esa época, los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, entregó catorce viviendas y sólo tuvo problemas con esta.
