La asociación Proanimal Castilla-La Mancha ha recurrido la decisión de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de autorizar el sacrificio de 50 reses “que no representan riesgo para la salud pública” de una explotación ganadera de Navalpino en situación de abandono.
En nota de prensa, dicha asociación, que está personada en el procedimiento penal contra el propietario de la explotación vacuna por maltrato animal tras hallar 10 cadáveres de sus reses, alega haberse visto obligada a recurrir la resolución judicial que autoriza el sacrificio de las vacas que sobrevivieron al abandono por parte de su propietario, solicitada por la Consejería de Agricultura.
Aunque el juzgado instó al Gobierno regional a que expusiese lo que estimase oportuno sobre las posibles adopciones de medidas necesarias para evitar un riesgo para la salud pública, Proanimal afirma que, a modo de solución, los animales han sido reagrupados en la explotación del denunciado y se ha procedido al saneamiento de los mismos. “Por lo que no existe causa alguna que justifique su sacrificio”.
El coste de su mantenimiento
“Esta asociación entiende que no cabe alegar por parte del Gobierno regional ninguna situación o causa que justifique el sacrificio de los animales sanos. La única causa que se alega es la dificultad y coste de su mantenimiento, cuantía que es perfectamente asumible por el Gobierno regional dada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta el momento”.
Tras recordar que del informe presentado se deduce que hay 50 animales sanos, incluidos varios terneros de pocos meses o incluso días de vida, para cuyo sacrificio no se encuentra explicación alguna, la asociación agrega que el procedimiento penal se inició por un presunto delito de maltrato animal.
“Por tanto, resulta contradictorio y desproporcionado que la solución al maltrato animal sea el sacrificio de los animales maltratados, cuando los mismos no representan riesgo alguno para la salud pública. No cabe entender que estos animales sean doblemente víctimas, en primera instancia por su propietario y en segunda por el destino al sacrificio que se pretende”.
Y es que Proanimal entiende que el Gobierno regional tiene facultad para adoptar otras medidas que no supongan el sacrificio de los animales maltratados y que apuesten por el compromiso con el bienestar animal como la creación de santuarios de animales o apoyo (a través de ayudas económicas) a la creación de éstos.
“Confiamos en que la justicia tome conciencia del bienestar animal, ya que hay medidas alternativas al sacrificio de los animales y adopte una resolución ejemplar que eduque socialmente en la responsabilidad con los cuidados de los animales y el abandono de la cosificación de estos seres vivos”, ha concluido.
