La diputada nacional de Castilla-La Mancha y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, solicitó el lunes en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, la comparecencia urgente de la ministra de Transición Ecológica para que explique por qué ha paralizado un importante proyecto de Estado como es el ATC de Villar de Cañas, que contaba con el apoyo de las Cortes Generales y que puso en marcha el PSOE con el apoyo de los grupos políticos de las dos Cámaras en 2006. Una comparecencia que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, así lo acordaron los grupos ante la imposibilidad de asistir por parte de la ministra la próxima semana como lo dicta el reglamento.
Para la diputada ciudarrealeña, “la deslealtad institucional de García-Page con un proyecto de Estado fundamental para la Seguridad Nuclear, ha contaminado al Gobierno de Sánchez” que ha tomado una decisión unilateral y que “pone en peligro el desarrollo de un proyecto importantísimo para el desarrollo económico de la zona, con la construcción de un parque científico que dará un impulso de alto valor económico a la zona, que de otro modo no tendría”.
Varapalo de los tribunales al Gobierno regional
El ATC ha seguido su curso a pesar de los intentos del presidente de Castilla-La Mancha de frenarlo, ampliando el espacio protegido de la Laguna del Hito, incluyendo los terrenos donde está previsto construir el ATC, y anulando el plan urbanístico de Villar de Cañas, que amparaba la construcción del almacén. Sin embargo, en enero de este año, los tribunales dieron un varapalo al Gobierno regional, suspendiendo cautelarmente el acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha, al entender que debe «prevalecer la seguridad nuclear».
Romero ha recordado que se trata de un Proyecto de Estado iniciado en el año 2006, cuando gobernaba en España el PSOE con el Presidente Zapatero e incluido en el 6º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que establece la estrategia y actividades a seguir en España en relación con los residuos radiactivos de alta actividad. “Entonces gobernaba el PSOE, pero todos los grupos parlamentarios dejaron la confrontación política a un lado y decidieron la creación de la ATC por necesidad”, subrayaba.
Según la vicepresidenta del Congreso, “es necesario que la ministra despeje de forma urgente las dudas sobre la decisión que tomó el Gobierno el pasado 18 de julio y que nos diga en sede parlamentaria si la decisión de paralización es tomada por razones técnicas, medioambientales o económicas o si obedecen, una vez más, al precio político que tienen pagar a sus socios de Podemos por mantenerse en el poder sin haber ganado en las urnas, precio que tendrán que pagar de su bolsillo los españoles porque España tiene que pagar 70.000 € al día por guardar los residuos nucleares en Francia”.
Alternativas a la ATC no existen y para el Grupo Popular, los que avalan las ATIs buscan encarecer la factura eléctrica, puesto que la gestión es mucho más ineficiente y eso lo acaban pagando los ciudadanos a través de la factura eléctrica. “De eso ya sabemos mucho y en qué consistió su política energética del pasado, dejándonos un déficit tarifario de 40.000 millones de euros que todavía están pagando todos los españoles”, ha añadido Ros Romero.
Como diputada castellano-manchega ha indicado que “este es un proyecto vital para la provincia de Cuenca, a la que la construcción de la ATC beneficiaría con 1.000 millones de euros, y que el Sr. García Page, además de boicotear este proyecto, prometió en el verano de 2015 un plan de empleo que crearía en la comarca el doble de puestos de trabajo estables de los que generaría el ATC y casi tres años después ni está ni se le espera.
“Les pedimos que dejen el decretazo, sus políticas ideológicas y de ninguneo a las Cortes Generales, y que, de forma urgente y ante la gravedad de los acontecimientos, comparezca la Ministra para la Transición Ecológica y explique aquí por qué ha paralizado este proyecto tan importante”, ha concluido.
