Las “múltiples” y “sorpresivas” (en palabras del tribunal) cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas en el juicio por el caso coso polivalente, contra el exalcalde de Puertollano Joaquín Hermoso, han obligado a suspender sin fecha la vista que ha comenzado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Las defensas han planteado como cuestión previa que se excluya del procedimiento a la acusación popular, ejercida por los grupos municipales de Izquierda Unida y el Partido Popular en Puertollano. Consideran que su
incorporación a las diligencias fue extemporánea.
La alternativa que plantean es que o bien se adhieran a la acusación pública, o que se personen como particulares los concejales de PP e IU que instaron la participación en el caso, los entonces portavoces María José Ciudad y Florentino López.
Transcripción de las declaraciones
Las acusaciones populares por su parte han solicitado que se incorpore un testimonio de un juicio civil al caso y que se transcriban las declaraciones de los investigados en fase de instrucción, que solo están grabadas, para no correr el riesgo de que sean declaradas nulas.
La fiscalía, partidaria de continuar la vista
El juicio, que ha comenzado a las 10.11 de la mañana, se ha consumido en este trámite de cuestiones previas. Las defensas han rechazado las planteadas por las acusaciones populares y estas a su vez las de las defensas. La fiscalía por su parte las ha rechazo todas y se ha mostrado partidaria de continuar el juicio.
Visiblemente molesto por el momento procesal en el que los abogados han planteado cuestiones previas -muchas de ellas argumentos a valorar en los informes de conclusiones- el magistrado que preside el tribunal Ignacio Escribano Cobo ha abroncado a las partes, y les ha informado que las dilaciones derivadas de la suspensión de hoy no las considerarán atribuibles a este órgano jurisdiccional.
Ni Hermoso ni ninguno de los abogados defensores han querido hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Inhabilitación, cárcel o absolución
A sus 47 años, y alejado de la política desde hace años, el exalcalde socialista de Puertollano podría ser condenado a penas que van de los diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, que pide la fiscalía, y los veintidós que solicita la acusación popular que ejercen por separado los grupos municipales de Izquierda Unida y el Partido Popular.
La acusación popular reclama además 7 años de cárcel, seis por un supuesto delito de falsedad documental que la fiscalía no ve, y otro más por tráfico de influencias para el exalcalde. También 10 de cárcel para el secretario general del Ayuntamiento (que se sienta en la bancada de las defensas, por su condición de letrado) y 9 para el arquitecto técnico (en el banquillo con Hermoso), además de más de veinte años de inhabilitación para empleo o cargo público para los dos últimos.
El ministerio fiscal solo considera acreditado el delito de prevaricación administrativa y reparte culpas a partes iguales entre el exalcalde y dos técnicos municipales, el secretario general Ángel Manso y el arquitecto técnico Juan Luis Vázquez. Para los tres solicita diez años de inhabilitación.
Aportación de documentos falsos al juicio
Las acusaciones por su parte consideran acreditados tres delitos más, falsedad en documento público u oficial, cometido presuntamente por los tres, delito continuado de aportación de documentos falsos en juicio (del que serían culpables los dos técnicos) y tráfico de influencias, tanto en el caso de los técnicos como en el del exalcalde.
Amaños para favorecer a empresas
El que fuera alcalde de Puertollano entre los años 2003 y 2013 está acusado de presuntos amaños para favorecer a empresas en la segunda fase de las obras del coso polivalente de la localidad, entre el año 2007 y 2008.
En los escritos de calificación provisional del caso fiscalía y acusaciones coinciden en los hechos básicos. Se supone que los tres acusados “a pesar de ser conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación y sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen el fraccionamiento del expediente de contratación del coso polivalente de Puertollano” –dicen textualmente- decidieron tramitar los distintos contratos sin publicidad y adjudicándolos de forma directa.
La ejecución de la obra superó los 2,5 millones de euros y se fraccionó en 69 expedientes por partidas de cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados.
Cimentación a Navarro Piquer
La ejecución de la partida de cimentación ascendió a 879.456,67 euros, fraccionándose en dieciocho expedientes, todos ellos de cuantía inferior a 60.101,21 euros. Se adjudicaron a la misma empresa, Construcciones Navarro Piquer S.L. En este caso se aplicó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio (procedimiento negociado sin publicidad).
Suministros y maquinaria
De suministros y maquinaria se tramitaron nueve expedientes por un importe total de 575.227,41 euros, conforme a la normativa en vigor de Contratos del Sector Público, y que fueron adjudicados a diversas empresas por importe inferior a 200.000 euros (procedimiento negociado sin publicidad).
Con cargo a la partida de suministros e instalaciones para acabados de obra se tramitaron nueve expedientes por un importe total de 602.566,94 euros, cuya cuantía se fraccionó en cantidades inferiores a la prevista en la normativa citada en al apartado anterior (procedimiento negociado sin publicidad).
Del Síndico de cuentas a la Fiscalía
Las presuntas irregularidades las detectó en un primer momento el Síndico de Cuentas, que fiscaliza este tipo de gestiones de los ayuntamientos. Este tribunal envió el caso a la fiscalía que abrió una investigación de la que deriva este proceso, en el año 2013. En ese momento se personaron como acusación popular los grupos municipales de Izquierda Unida y el PP en el Ayuntamiento de Puertollano.
“Nuestra personación en la causa está admitida primero por el juzgado instructor y luego por la Audiencia Provincial, y aunque seamos otros los concejales seguimos en el caso como grupo municipal. En este tiempo hemos hecho los trámites que no han exigido”, ha explicado Alejandro Becerra, concejal de IU en la actual Corporación municipal de Puertollano, que ha estado en hoy en la Audiencia Provincial.
“Tenemos que saber quién lo ordenó”
“El objetivo es poner de manifiesto todo lo que ocurrió y de quién es la responsabilidad. Se fraccionó el contrato del coso pero tenemos que saber quién fue la persona que lo ordenó, quién lo hizo, si lo hicieron por voluntad propia o no, qué consecuencias ha tenido y todo lo que se gestó alrededor, no solo el fraccionamiento”.
Lo que las acusaciones no han demostrado, ni siquiera indiciaramente, es que las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra, de 2,5 millones de euros, haya supuesto el enriquecimiento personal de los investigados.
El juicio por el coso se iba a celebrar en tres jornadas de esta semana (del 12 al 14) ante la sección segunda de la Audiencia Provincial.
