El Pleno de la Diputación de Ciudad Real, reunido esta mañana en sesión extraordinaria marcada por la tensión, ha expresado su adhesión a la Constitución Española de 1978 y su voluntad de defender el Estado de Derecho. Del mismo modo, ha manifestado su rechazo a una Ley de Amnistía que rompe la igualdad de todos los españoles ante a ley, así como a los privilegios económicos y fiscales a cualquier comunidad autónoma “que rompen la igualdad y la solidaridad entre todos los territorios de España”.
El equipo de gobierno de la institución provincial (PP y VOX) ha votado a favor de esta propuesta sobre la que el Grupo Socialista no ha querido votar, lo que el reglamento de la Diputación considera abstención.
La propuesta, presentada por la portavoz del equipo de gobierno, la popular Rocío Zarco, también recoge el apoyo al poder judicial ante el peligro que la Ley de Amnistía origina en la separación de poderes, y también rechaza la celebración de un referéndum de autodeterminación en cualquier territorio de España.
“El 9 de noviembre hemos conocido el pacto entre el Partido Socialista y Junts Per Cataluña, que supone un grave ataque contra la Constitución que nos dimos todos los españoles y contra el Estado de Derecho que fuimos capaces de construir”, se refiere en la exposición de motivos de la declaración institucional.
Añade que “el pacto contempla la adopción de una Ley de Amnistía que, antes y después de la consulta ilegal realizada en 2014 y el referéndum ilegal realizado en 2017 en Cataluña, hayan sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos, con independencia de los delitos que hayan podido cometer, lo que significa sencillamente declarar que los hechos delictivos condenados por el Código Penal se convierten en legales, ataca gravemente el principio de separación de poderes, que es esencial de toda democracia y de todo Estado de Derecho. Y rompe con la igualdad de todos los españoles ante la ley proclamada por el artículo 14 de la Constitución”.
Se refiere, igualmente, que el pacto “otorga carta blanca a la celebración de un referéndum de autodeterminación, que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, como reiteradamente ha manifestado el Tribunal Constitucional, y establece un sistema de negociación entre España y Cataluña al margen de todos los mecanismos constitucionales y legales”.
También se considera el pacto “un grave ataque contra el Estado de Autonomías, porque rompe el principio esencial de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España, al contemplar la cesión a Cataluña del 100 por cien de los tributos que se pagan en Cataluña, contribuyendo de este modo a la debilitación del Estado, además de otras concesiones”.
Este acuerdo, atendiendo al contenido de la propuesta, “es perjudicial para todos los españoles, pues viola el principio de igualdad, hace imposible la solidaridad interterritorial y pone en riesgo el futuro de España como proyecto común, además de generar un grave perjuicio en nuestro prestigio y proyección internacional, constituyendo una auténtica ruptura con el marco constitucional en que hemos vividos los españoles desde 1978, y que nos ha proporcionado las mayores cotas de prosperidad de nuestra historia reciente”.
Al respecto, el Grupo Socialista, a través de su portavoz, José Manuel Bolaños, criticó que en este pleno se haya roto con uno de los principios de la Diputación y que está recogido en su reglamento: abordar sólo sobre materias en las que la Diputación Provincial sea competente.
“Este tema es muy importante, sí, pero su debate corresponde a las Cortes Generales”, manifestó Bolaños, que lamentó que este pleno extraordinario se convocara sin ni siquiera avisar antes al Grupo Socialista y que mientras tanto, asuntos importantes para la provincia y sus ciudadanos, como el proyecto de Geoparque o la promoción turística, no son tratados con la misma urgencia.
Extendiéndose Bolaños en estos argumentos, el presidente de la Corporación provincial, Miguel Ángel Valverde, cortó al portavoz socialista y le solicitó que se ciñera al asunto del debate: “entiendo su estrategia, y entiendo que es un asunto incómodo para ustedes, pero céntrese en el debate convocado”.
Cerró Bolaños su intervención subrayando que no se puede dudar del compromiso del PSOE con la Constitución Española.
Por parte de VOX habló la vicepresidenta primera de la institución provincial, Milagros Calahorra, que manifestó que este 45 aniversario de la Constitución Española no es un aniversario más. “Es el aniversario en el que se ha perpetrado un golpe de estado para formar un gobierno compuesto por todos los enemigos de la nación española”.
“Para ello, como punto de partida, se ha puesto en marcha una Ley de Amnistía sin precedentes, con la que se persigue que salgan impunes de todos los delitos cometidos en la consulta ilegal en 2017 en Cataluña”, afirmó Calahorra, que añadió que “los años de cesiones constantes y concretas a partidos independentistas, han culminado en un acto de corrupción sin precedentes, amnistiando a un político a cambio de sus votos para poder obtener el poder atacando directamente la concordia y la unidad de nuestra nación, la igualdad de todos los españoles y dinamitando el estado de derecho”.
VOX denunció que “el fugado de la justicia española Carlos Puigdemont decida desde un país extranjero el futuro de España”. Así, critica además que “la Ley de Amnistía no sólo les limpiará de sus delitos, lo que es una aberración jurídica, sino que además también quieren privilegios económicos, solicitando la condonación de 15.000 millones de euros de deuda: ¿A cuántos años equivale de sanidad pública en la provincia? ¿de educación?”.
Tras ser interrumpida, concluyó Calahorra subrayando que “pondremos todos los mecanismos judiciales y políticos para frenar esta situación, este ataque frontal a la democracia española y la Constitución”.
Por último, con respecto a que el Pleno de la Diputación no es el órgano adecuado para debatir asuntos de trascendencia nacional, argumento que ha esgrimido el grupo de la oposición, el presidente de la institución, Miguel Ángel Valverde, ha comentado que España vive en la actualidad un momento históricamente complejo y delicado que repercutirá en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en la demarcación ciudadrealeña. En este sentido, consideró importante que la institución se manifestara en contra de una decisión que afecta al a organización institucional del Estado y “poder decir a Pedro Sánchez que no avance en esta cesión, negociando sobre España fuera de España y con absoluta opacidad”.
Valverde ha confesado, a este respecto, su preocupación “por lo que vaya a pasar con los habitantes de la provincia” porque se pueden producir desigualdades que afectarán a nuestro futuro y al de nuestros hijos.
En su intervención, el presidente de la Diputación pidió al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha y líder del PSOE regional, Emiliano García-Page, que haga algo más aparte de manifestar su posición contraria a la Ley de Amnistía.
