El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su “condena rotunda” por las amenazas sufridas este lunes hacia una médica y una enfermera del centro de salud de Bolaños de Calatrava, cuando han acudido a realizar una atención domiciliaria, según ha aireado la propia Junta en un comunicado.
Los hechos han ocurrido cuando un familiar de la paciente atendida en domicilio ha amenazado a las sanitarias, que han solicitado presencia policial. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha mostrado todo su apoyo a los profesionales del centro de salud de Bolaños y ha puesto a su disposición los servicios jurídicos para evitar que este tipo de agresiones queden impunes.
El Sescam ha ofrecido su apoyo y solidaridad tanto a las profesionales agredidas como a los compañeros del centro de salud, al tiempo que les ha ofrecido asesoramiento legal y el soporte jurídico y administrativo que precisen en estos momentos.
Asimismo, el Gobierno, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se encuentra en contacto permanente con la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno, así como con la Gerencia del Área de Atención Integrada de Ciudad Real, de la que depende el centro de salud de Bolaños de Calatrava, aseguran en el mismo comunicado.
Herramientas de prevención y asesoramiento
La región cuenta con el ‘Plan Perseo’, un plan específico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en caso de agresiones, cuyo objetivo es actuar con la máxima contundencia y celeridad ante hechos de esta naturaleza.
A este plan se suma la labor del Observatorio de la Violencia integrado por representantes de varios departamentos del Sescam, de la Consejería de Sanidad, de los Colegios Profesionales de Médicos y Enfermería, sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y la Delegación del Gobierno, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Asimismo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ofrece a sus profesionales un servicio de asesoramiento jurídico durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Una herramienta, en funcionamiento desde el 1 de agosto de 2017, con la que el Ejecutivo regional ha conseguido mejorar la protección jurídica que ofrece a sus profesionales en el caso de agresiones sufridas en el ejercicio de su actividad en el ámbito del sistema sanitario público de la región
