El personal de los Juzgados de Valdepeñas protagonizó, a principios de año, junto a miembros de la Junta de Personal de Ciudad Real, unas movilizaciones para denunciar los altos niveles de estrés derivados de la importante sobrecarga de trabajo que soportan en el desempeño de sus funciones y que finalizaron con el emplazamiento al Ministerio de Justicia por plazo de un mes a que emitiera el preceptivo informe de evaluación de riesgos psicosociales bajo la advertencia de que acudirían a la Inspección de Trabajo.
Una reivindicación que la Junta de Personal clama por su solución desde el año 2012 debido a la situación límite que viven los trabajadores de dicho órgano judicial, por falta de medios materiales y humanos. “Tal es el nivel de estrés que soportan la gran mayoría de los funcionarios que, a lo largo de estos años, se han producido una serie de bajas, en mayor o menor medida, relacionadas con este factor y, en la actualidad, hay una funcionaria con parálisis facial que su médico de cabecera ha relacionado directamente con la carga laboral que soporta”, comenta el presidente de la Junta, Ricardo Rosales.
Ante la repetida actitud de desidia por parte del Ministerio, la Junta de Personal tomó la decisión de denunciar, el pasado mes de marzo, ante la Inspección de Trabajo las pésimas condiciones laborales en las que los trabajadores de los Juzgados de Valdepeñas tienen que realizar su trabajo. Y la fase de inspección ha concluido con el reconocimiento del incumplimiento por parte del Ministerio de la evaluación obligatoria de riesgos psicosociales, así como la inexistencia de planes de formación para los trabajadores en materia de Seguridad y Salud y la falta de realización de los reconocimientos médicos.
“A nuestro juicio se trata de un gran paso en la lucha por el reconocimiento de derechos de los trabajadores en el ámbito del sector público, ya que supone un “tirón de orejas” al Ministerio en cuanto a la exigencia de mejora de la Seguridad y Salud de todos los compañeros”, añade Rosales. En dicho oficio, la inspectora formula una propuesta de requerimiento al Ministerio para que “evalúe adecuadamente todos los factores de riesgo, incluida una evaluación específica y suficiente de los riesgos psicosociales, con una planificación en el tiempo, en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores afectados, así como su seguimiento y control periódico”.
Asimismo, insta a los responsables públicos a que cuantifiquen los medios materiales y humanos para llevar a cabo todas estas medidas de prevención junto a la “asignación de recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos”, tal y como especifica la ley.
Sin embargo, destaca Rosales, “el gravísimo incumplimiento por parte de la Administración de Justicia de la actual Ley de Prevención de Ri
esgos Laborales queda “en el aire” debido al trato desigual que existe entre una empresa privada o la administración pública, ya que, en el primer caso estaríamos hablando de sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 40.000 euros, mientras que, en el segundo, la Inspección no tiene potestad de sancionar al Ministerio.
Por último, el presidente anuncia que, en el marco de la denuncia presentada, y a raíz de la gravedad de la situación que refleja y que es semejante a la que se puede vivir en cualquier órgano de esta provincia, e incluso del resto del territorio gestionado por el Ministerio, la Junta de Personal ha tomado la decisión de convocar una rueda de prensa para el próximo viernes, 30 de octubre a las 13 horas en la Oficina Judicial de Ciudad Real para exponer con detalle toda esta situación y para exigir al Ministerio, una vez más, que actúe para proporcionar unas condiciones dignas a sus trabajadores.
