Unión de Uniones ya ha mantenido en días pasados contactos con los viticultores de la zona de Valdepeñas, preocupados por la situación de indefensión en la que se encuentran en cada vendimia. “La posición de dominio del mercado que tienen allí estas dos grandes firmas les permiten imponer unilateralmente sus condiciones de precios y de recepción de la uva”, explican en un comunicado de prensa desde la organización, que está recabando información para presentar las correspondientes denuncias a AICA si se evidencian incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria por haber pagado precios por debajo de los costes de producción.
A esta situación se une ahora la causa abierta por la Audiencia Nacional en la que van a ser investigadas las bodegas de Félix Solís y García Carrión por comercializar presuntamente vinos amparados por la DO y calificados como de crianza, reserva o gran reserva sin cumplir el pliego de condiciones para ello. La Audiencia Nacional también dirige el procedimiento contra las certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, que deben acreditar que el vino comercializado cumple el condicionado correspondiente. “Otro escándalo que viene a sumarse a la lista de hechos lamentables que se vienen viviendo desde hace años en la DO, en la que, incluso bajo la gestión de la Consejería de Agricultura, tras la disolución de la Interprofesional, la industria hace y deshace a su antojo”, critican desde la organización en el comunicado.
La organización considera que, si está en duda la catalogación del proceso envejecimiento del vino, está en cuestión toda la trazabilidad del sistema y por eso Unión de Uniones se va a personar como acusación popular en la causa. “Queremos saber si la uva que se ha pagado a los viticultores como uva de mesa -prácticamente a la mitad de precio de la que se recepciona como DO- ha ido a vino de mesa o a qué ha ido”, manifiestan.
La organización quiere que se esclarezcan totalmente estos hechos para, en su caso, si se sentencia que ha habido prácticas que han ocasionado un perjuicio económico a los agricultores, éstos tengan base legal para reclamar compensaciones por los daños ocasionados.
