El Juzgado de Instrucción Número 6 de Ciudad Real admitió el pasado 28 de mayo la querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento de Miguelturra contra el Banco Santander y varios empleados de la entidad financiera, según informó el alcalde de la localidad, Román Rivero, e Iván Hernández, miembro del bufete de abogados Uiris Tantum, que representa al Consistorio miguelturreño y numerosos afectados por la situación de la Cooperativa Tierra de Calatrava.
Según explicó Hernández, la querella se ha interpuesto contra ocho empleados del Banco Santander, contra el gerente y la directora de la Sección de Crédito de la cooperativa y como responsables civiles subsidiarios contra el Banco Santander, el Banco de España y Husson Auditores Ibérica S. L.
La querella criminal, que cuenta con una extensión de 120 folios, denuncia los delitos de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, estafa, alzamiento de bienes, administración desleal, falsedad contable, concurso o agravamiento de insolvencia y realización arbitraria del propio derecho. Además añade que “en todo caso, los empleados del Banco Santander son autores de un delito de encubrimiento”.
Además el abogado de Uiris Tantum apunta que la demanda no sólo la ha interpuesto el Ayuntamiento de Miguelturra, sino que por el momento también se han personado en ella 177 afectados y que se irá sumando a todas aquellas personas interesadas en adscribirse el procedimiento iniciado por el Consistorio miguelturreño.
Papel pelota
Iván Hernández manifestó que en la querella se ha acreditado inicialmente que en la Sección de Crédito de Miguelturra se realizaba desde hacia años como una práctica normal el descuento de papel de colusión (también denominado papel pelota), a través del cual se lograba liquidez económica.
El bufete del Ayuntamiento miguelturreño pone de manifiesto en la querella que el Banco Santander “era absoluto conocedor y cooperador de dicha práctica ilícita, recibiendo por ello cuantiosísimas retribuciones, ya que la entidad financiera era retribuida con un 29 por ciento de interés anual del papel que descontaba por la cooperativa, fuera este papel legal o ilegal”.
Banco de España
Iván Hernández explicó que la denuncia como responsable civil subsidiario contra el Banco de España responde a las negligencias en sus labores de inspección en la Sección de Crédito, ya que ésta, bajo la cobertura del Santander, realizaba una actividad de entidad financiera, en contra de lo dispuesto en sus estatutos, ofertando productos y captando ahorro público de clientes no socios de la cooperativa.
La querella contra Husson Auditores, la auditora de las cuentas de la Sección de Crédito, responde a que para los abogados del Ayuntamiento “es evidente que la magnitud y cuantía de los asientos contables que han sido objeto de falsedad y la magnitud y cuantía del papel de colusión que ha sido descontado, no han podido pasar inadvertidos a los métodos de trabajo del auditor, lo que implica una participación del mismo en el delito de falsedad de cuentas”.
Por otro lado, el letrado de Uiris Tantum solicitó que se designe un inspector de finanzas para la realización de una auditoría y conocer la cuantía de papel de pelota emitida.
Proceso concursal
Respecto a las acciones judiciales llevadas a cabo contra el proceso concursal de la Cooperativa Tierra de Calatrava, el abogado explicó que hay dos incidentes abiertos. El primero es el recurso de apelación que se ha presentado en nombre del Ayuntamiento contra la retribución fijada por el juez a los administradores judiciales, que está pendiente de formalizar en el concurso de apelación. El segundo incidente se refiere a la petición de causa de separación respecto a dos de los tres administradores judiciales designados. Dos de ellos los nombró directamente el juez mientras que el tercero fue designado por Fertiberia, uno de los acreedores de la Cooperativa.
Las razones para esta petición del bufete del Ayuntamiento es que Alejandro Latorre, nombrado por el juez, y el designado por Fertiberia, habían sido ambos apoderados de esta última sociedad. Además, uno de ellos era cuñado del ex gerente de la Cooperativa, imputado en la causa. Para Iván Hernández, estos hechos hacen incompatible la actividad de los administradores judiciales.
