El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente del PP de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha presidido la reunión del Comité de Alcaldes del Partido Popular que se ha celebrado en Membrilla y donde han puesto de manifiesto su gran preocupación por la contratación de médicos sin título homologado y sin la capacitación necesaria para ejercer en hospitales de la región.
Además de este asunto, los alcaldes se han hecho eco de la enorme inquietud que existe entre la población ante el grave deterioro que está sufriendo la sanidad pública en Castilla-La Mancha desde que Page gobierna. Así, han denunciado que las listas de espera no dejan de aumentar, que las agendas están cerradas, que no se sustituye a los médicos, que algunos centros de salud cierran durante horas y días por falta de personal o que los médicos están saturados.
Cañizares ha indicado que el PSOE de Page tiene serias dificultades para gestionar bien los destinos de Castilla-La Mancha y para prestar unos servicios de calidad pese a que ahora tiene más dinero del que había hace dos años, concretamente, 1.000 millones de euros más. En este sentido, ha señalado que por culpa de Zapatero y Page, Castilla-La Mancha recibió, en 2009, una financiación “que lo único que hacía era contentar a los separatistas que quieren romper España antes de defender los intereses de los castellano-manchegos”.
Declaraciones de Cañizares:
Está convencido de que Page “debería estar pidiendo perdón todos los días por haber consentido que Zapatero aplicara un modelo de financiación que perjudicaba los intereses de Castilla-La Mancha”. En su opinión, Page tiene que explicar por qué entregó la salud, la educación o el bienestar social de los ciudadanos de la región a cambio de los poyos de ERC en 2009 y no entiende que ahora quiera reclamar lo que él no supo ni quiso defender en España ni en Castilla-La Mancha.
Ahora, según ha manifestado, Castilla-La Mancha tendrá un modelo de financiación que mejore la situación de la región porque al frente del Gobierno de España hay un Gobierno que no va a hacer lo que hizo Zapatero y lo que consintió Page para favorecer los intereses de los separatistas en contra de los intereses de España y de nuestra región.
Por otro lado, los alcaldes del PP han mostrado su indignación ante los impagos del Gobierno de Page, ya que debe 160 millones de euros a los ayuntamientos de la región por servicios que están prestando y pagando con fondos municipales pese a que no son de su competencia. Están convencidos los regidores municipales de que se está produciendo una vuelta al pasado, a los peores tiempos de impagos del PSOE y al déficit, de hecho, Castilla-La Mancha ya se ha convertido en la segunda región con más déficit y más deuda de España.
La inclusión de determinados municipios dentro de las zonas ITI (Inversión Territorial Integrada) para poder beneficiarse de hasta 500 millones de euros de fondos europeos también está generando una profunda indignación entre aquellos que se han quedado fuera, ya que no entienden qué criterios se han seguido y por qué se beneficia a algunas zonas respecto a otras. Quedarse fuera de las zonas ITI supondrá perder importantes subvenciones para modernización y creación de empleo.
Declaración del Comité de Alcaldes del PP de Ciudad Real sobre la Prisión Permanente Revisable
“Desde el Partido Popular, mantenemos nuestra postura sobre la prisión permanente revisable. Esta pena debe permanecer en el Código Penal, es plenamente constitucional y cuenta con el apoyo de una mayoría social, ya que 8 de cada 10 españoles la respalda.
Se trata de una pena extraordinaria para supuestos de extrema gravedad:
– asesinato de menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable;
– asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la libertad o indemnidad sexual sobre la víctima;
– asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal;
– homicidio del Rey o del heredero de la Corona;
– terrorismo con resultado de muerte;
– homicidio de jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un Tratado que se halle en España;
– en los casos graves de genocidio y delitos de lesa humanidad.
La prisión permanente revisable no es una cadena perpetua. Cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años, el tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien -tras la desestimación de una petición- podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes. En este sentido, se compatibiliza seguridad, que todo Estado debe proporcionar a sus ciudadanos, y reinserción.
La reinserción es un derecho del preso recogido en la Constitución. Por ello, corresponde a éste demostrar de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad, y el articulado de esta figura penal se lo permite. Lamentablemente, ha quedado demostrado que la capacidad de reinserción no viene ligada exclusivamente al transcurso del tiempo.
Desde el PP, creemos en la necesidad de acreditarla ante un tribunal. Cuando una persona cometes delitos gravísimos, es conveniente constatar si se ha producido la rehabilitación.
El debate sobre la prisión permanente revisable nada tiene que ver con el cumplimiento íntegro de las penas, son compatibles.
El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal declararon la prisión permanente revisable plenamente constitucional y que no atenta contra el principio de reinserción social de los presos en sus informes aprobados sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal que elaboró el Gobierno.
La prisión permanente revisable ha sido avalada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en distintas sentencias tras su aplicación en países de nuestro entorno.
El Partido Popular va a intentar convencer a los Grupos Parlamentarios que no tiene sentido la supresión de un instrumento útil, eficaz y que existe además en muchos países Europa (Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca).
Hay una corriente de opinión pública muy mayoritaria en favor de la prisión permanente revisable tal como está prevista en nuestro Código Penal, así lo demuestra una iniciativa en change.org pidiendo la ‘No a la derogación de la prisión permanente revisable'”.
