El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la adhesión de la Comunidad Autónoma a un proyecto impulsado por la Oficina del Cambio Climático de España por el cual se compromete a reducir hasta en 14.000 toneladas sus emisiones de CO2 en los próximos tres años, una estrategia que estará gestionada por la empresa pública de Gestión Ambiental Geacam.
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado este jueves en rueda de prensa que si se consigue este objetivo las arcas públicas autonómicas recibirán 140.000 euros, si bien se trata de una cantidad “simbólica”.
Esa disminución de emisiones de CO2 será posible, según ha dicho, gracias a la estrategia de gestión de biomasa impulsada por el Gobierno, a través de la cual ya se han instalado calderas en 47 centros educativos de la Comunidad Autónoma. Además, se han invertido cerca de 30 millones esta legislatura en este plan, 15 de ellos destinados a trabajos en el monte.
Ley de Economía Circular
Hernando ha avanzado además que a finales de 2018 podría estar lista la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, una norma “pionera” que tiene como objetivo avanzar en la gestión de residuos y en la generación de empresas ligadas al medio ambiente.
Servirá además, en su opinión, para frenar el despoblamiento y fijar habitantes en el medio rural, por lo que ha confiado en que la norma salga por consenso en el Parlamento regional.
