El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Acceso al Entorno de las Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de Asistencia, con lo que se da luz verde a la remisión al Consejo Consultivo para su dictamen.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha informado este miércoles de este acuerdo en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la presidencia regional, junto al portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando.
Sánchez ha explicado que la normativa responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente en esta materia respecto al derecho de acceso al entorno a las personas que, por razón de su discapacidad, para su auxilio y apoyo precisen de la utilización de un perro de asistencia.
Ha indicado que serán perros de asistencia no solo los adiestrados para guiar a una persona con discapacidad visual sino, además de los perros guía, los perros de señalización de sonidos para avisar a las personas con discapacidad auditiva, los perros de servicio para personas con discapacidad física en las actividades de la vida diaria, los perros de aviso para enfermos de diabetes o epilepsia, y los perros para personas con trastorno del espectro del autismo.
“La nueva normativa supone una novedad porque la ley vigente del año 1994 garantiza únicamente el acceso al entorno de las personas con limitación visual que vayan acompañadas de perros guía. Ahora, se extiende este derecho a enfermos de diabetes y epilepsia, a personas con trastorno del espectro del autismo y a personas con discapacidad auditiva y física”, ha resaltado.
Con ello, ha indicado que se creará un registro en el que se inscribirán los perros de asistencia y, en este sentido, ha detallado que, actualmente, hay 1.055 perros guía en España, de los cuales 21 residen en Castilla-La Mancha. En total, 13.696 personas están valoradas en Castilla-La Mancha con algún tipo de discapacidad visual, en torno a 1.000 con ceguera total.
Amplía el ámbito objetivo del derecho
Además de actualizar el marco normativo, ha continuado la consejera, el anteproyecto de ley amplía el ámbito objetivo del derecho, garantizando su ejercicio en entornos en los que su reconocimiento era difuso o no existía, como el entorno laboral -por ejemplo, en su puesto de trabajo la persona usuaria del perro de asistencia tendrá derecho a mantener a este a su lado en todo momento- o los espacios de titularidad privada de uso colectivo, pero que no son propiamente lugares de acceso público como las comunidades de vecinos.
Ha señalado que afectará a espacios como los centros comerciales, almacenes, centros de enseñanza, centros religiosos o de culto, transporte público que se desarrolle íntegramente en la región, estaciones, espacios naturales donde se prohíba el paso de animales, establecimientos hoteleros, restaurantes, piscinas hasta el margen de la zona de agua, instalaciones deportivas , museos, residencias, archivos, bibliotecas, cines o exposiciones.
Por otra parte, la consejera de Bienestar Social ha apuntado que la ley también incluye un régimen sancionador que recoge como infracciones muy graves impedir el acceso o permanencia de la persona usuaria de un perro de asistencia; impedir el acceso al entorno laboral, o privar de forma intencionada a una persona de su perro. En estos casos, la Administración podrá interponer multas de 3.001 a 10.000 euros.
Las infracciones graves, por su parte, suponen multas de entre 1.001 euros a 3.000. Es infracción grave, por ejemplo, cobrar gastos adicionales u obligar a la persona usuaria a aportar garantías, prestar fianzas o contratar un seguro adicional para permitirle el acceso acompañada del perro de asistencia. O utilizar de forma fraudulenta el distintivo de identificación o el uso del perro de asistencia sin ser usuario.
Las multas en caso de infracciones leves, ha señalado, oscilarán entre los 150 y 1.000 euros. Por ejemplo, será infracción leve exigir de forma arbitraria o irrazonada la presentación acreditativa de la condición de perro de asistencia.
Novedades
Como principales novedades, Sánchez ha apuntado el reconocimiento al personal de las administraciones públicas de un permiso retribuido para la realización del curso de formación para la utilización de un perro de asistencia.
En segundo lugar, la persona con discapacidad propietaria de un perro de asistencia jubilado tendrá derecho a la utilización de medios de transporte con este animal cuando sea imprescindible para que el perro cumpla con las normas de protección, por ejemplo, ir al veterinario.
Ha apuntado que la tercera novedad recoge la propuesta del Servicio regional de Salud, el Sescam, de impedir el acceso de los perros de asistencia a espacios muy restringidos como los quirófanos, zonas de manipulación de alimentos, el agua de las piscinas o el interior de las atracciones en los parques.
Con esta normativa, ha defendido la consejera de Bienestar Social, “se da cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que recoge el compromiso de los Estados Partes de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que san pertinentes para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.
La Once ha colaborado en la elaboración del anteproyecto
Con ello, ha destacado que este anteproyecto de ley se ha hecho de la mano del CERMI y, en especial, de la Fundación Once del Perro Guía; y ha superado los periodos de consulta pública e información pública.
Desde la Consejería de Bienestar Social, se han mantenido reuniones con la Consejería de Sanidad; la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural; la Consejería de Fomento; la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, y con agentes sociales y empresariales.
Asimismo, el anteproyecto de ley ha sido informado favorablemente por el Consejo Asesor de Servicios Sociales, el Consejo Regional de Municipios y el Consejo Regional de Consumo.
“Es un proyecto de ley para el que se ha contado con la opinión de todas las partes afectadas por la normativa, una normativa demandada por el sector que da cumplimiento al compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page de apostar por la accesibilidad y la garantía del pleno derecho de las personas con discapacidad”, ha afirmado.
Por este motivo, ha manifestado su deseo de que reciba el visto bueno del Consejo Consultivo y supere el trámite parlamentario para que la ley pueda ser aprobada por las Cortes regionales en el próximo periodo de sesiones
