La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) estudiará en septiembre si existen diferencias “reales” de dificultad entre los exámenes de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas. Un estudio que la CRUE emprenderá con o sin la ayuda del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
“En septiembre tenemos idea de abordar algún estudio si no fuera posible hacerlo con los ministerios”, explica el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, en una entrevista a Europa Press en la que recuerda que los rectores solicitaron el pasado mes de junio a los ministerios de Educación y de Universidades la creación de un grupo de trabajo para analizar las posibles diferencias de dificultad de la Selectividad entre las comunidades españolas.
Un examen único
El nuevo presidente de la CRUE, que tras su elección el pasado mes de mayo se mostró partidario de un examen único para toda España al considerar que “se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas”, defiende ahora que la norma estatal que regula las pruebas de acceso a la universidad “es correcta”, y reduce las posibles diferencias a “algún desajuste puntual”.
En ese sentido, Villamandos considera necesario crear ese grupo de trabajo con la participación de Educación y Universidades para “analizar la situación real con datos objetivos y a partir de ahí tomar las medidas adecuadas” para corregir esas posibles desigualdades en la ahora denominada Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU).
“A lo mejor los datos objetivos ponen en evidencia que no hay tantas diferencias como algunos dicen y solo hay algún desajuste puntual. Esa es la impresión con datos muy por encima”, asegura el presidente de los rectores españoles.
Revisar el Bachillerato
Villamandos precisa que para implantar un examen común de Selectividad en todo el país, como defendía en mayo, sería necesario implantar un “Bachillerato único que no existe”, y relativiza el peso que tiene la Selectividad en la nota global de un estudiante para acceder a la universidad.
“No es tanta la diferencia que se produce en la Selectividad en sí, sino las diferencias que existen en el Bachillerato, donde sí hay diferencias con difícil control, y eso debería ser objeto de estudio y análisis”, argumenta Villamandos recordado que la calificación de Bachillerato supone el 60% de la nota para acceder a la universidad.
En su opinión, “cuando tenemos centros con medias de Bachillerato con medias muy altas respecto a la Selectividad de forma reiterada, tendríamos que ver qué sucede”, porque son diferencias, según el también rector de la Universidad de Córdoba, que se producen entre centros incluso de “un mismo barrio”. “Y estamos hablando de que en carreras como las de Ciencias de la Salud, se entra o se deja de entrar por milésimas, por eso en el 60% de la nota se debería ser más escrupuloso”.
Polémica un año más
La Selectividad de 2019, que se celebró entre el 3 y el 12 de junio en todas las comunidades españolas, volvió a estar envuelta en polémica por las supuestas diferencias entre las pruebas de distintos territorios, como denunciaron estudiantes valencianos por la dificultad de su examen de Matemáticas.
Estas denuncias alentaron sendas peticiones de Partido Popular y de Ciudadanos para implantar una Selectividad única en toda España, propuesta que también respaldaron 178.000 personas con sus firmas, entregadas en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional tras una campaña de recogida promovida por estudiantes.
Mientras se celebraba la Selectividad, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, anunció la creación de un grupo técnico de trabajo para detectar y corregir las “incidencias” en la dificultad de la Selectividad de diferentes comunidades autónomas con el objetivo de garantizar la “equidad” de los estudiantes de toda España.
“He observado que había algunas incidencias que señalaban a ciertas dificultades diferentes y eso es lo que vamos a tratar”, explicó Celaá detallando que el grupo de trabajo será mixto y estará integrado por representantes del Ministerio, de las comunidades autónomas y de la universidad, aunque no puso fecha concreta al comienzo de sus trabajos.
