Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las declaraciones realizadas por Luis Planas tras el último Consejo de Ministros, quiere poner el foco en que el verdadero problema de la cadena alimentaria es la concentración de empresas, entre industria y distribución.
Unión de Uniones valora que el Ministerio acceda a hacer una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero recuerda que ésta, para que de verdad funcione, ha de ser profunda al no solucionarse el problema impidiendo solo la venta a pérdidas.
La organización destaca que actualmente el sector de la alimentación en España está en manos de seis grandes grupos (Mercadona, Grupo Carrefour, Grupo Día, Grupo Eroski, Lidl y Grupo Auchan) que juntos suponen un 54,4% del volumen de ventas a nivel estatal. Concentraciones de este calibre, según todos los análisis de las instituciones europeas que desembocaron en la Directiva (UE) 2019/633 contra Prácticas Desleales en la cadena alimentaria, en un nulo poder real de negociación en la cadena alimentaria por parte de los productores.
“Si se baja a la realidad del campo” dicen desde la organización “la situación es aún peor, porque hay muchos territorios en los que, por ejemplo, sólo hay uno o dos grandes firmas a las que los ganaderos pueden venderle la leche o los agricultores la fruta o las uvas”.
En este sentido, la venta a pérdidas, que se usa como reclamo por la distribución, no ayuda para nada a un reparto más justo de los beneficios de la cadena alimentaria; pero prohibirla, sin poner coto a las prácticas abusivas y al reparto del sector de la alimentación –como si se hizo, sin ir más lejos, con la energía- no resolverá el problema y puede, por el contrario, agravarlo.
Unión de Uniones pone como ejemplo el caso de Francia donde el Gobierno de Macron aprobó el pasado diciembre que los productos debían venderse en el supermercado, al menos, un 10 % más caro que el precio de adquisición. Sin embargo, con esta ley, la distribución se ha permitido poner precios mucho más altos perjudicando al consumidor, sin mejorar los precios a sus proveedores.
Existe una importante desconexión en la cadena que hay corregir. Como muestra de ello, en los años 2018 y 2019, los precios pagados a los agricultores y ganaderos solo subieron un 0,6%, mientras que los precios de la alimentación al consumidor aumentaron 4,7 veces más y los precios a la exportación 2,8 veces más.
Con sanciones inútiles no se corrige el problema
Por ello, Unión de Uniones considera que el Gobierno tiene que mandar un mensaje claro a la cadena alimentaria de que tiene voluntad, no de intervenirla, sino de equilibrarla, y ese mensaje, a criterio de la organización, no llega con poco control o sanciones meramente testimoniales o que no se pagan.
Así, destaca la multa, aún sin pagar, de 80,6 millones de euros por parte de la CNMC a industrias lácteas por conductas anticompetitivas en una reducción del precio que pagaban a los ganaderos por la leche cruda de vaca durante 10 años y por las que obtuvieron un beneficio ilícito de 685 millones de euros.
En este contexto a quien incumple le compensa seguir con ese tipo de conductas, perjudicando no sólo a los agricultores y ganaderos y a los consumidores, sino también a toda la parte de la industria y la distribución que sí respetan las normas.
“Los problemas del campo no vienen de ayer, vienen de lejos y de Ministerios que han dado la patada al balón y han seguido para no contrariar a los poderosos”. Por eso, Unión de Uniones insta a Planas a que en esta revisión de la cadena alimentaria de la que habla también ponga encima de la mesa la definición de posición de dominio y se haga una relación exhaustiva de prácticas desleales, además de otras medidas llamadas a poder sancionar a quien incumpla la Ley y no colabore lealmente en el mejor funcionamiento de la cadena en beneficio de todos.
Esta es una de las propuestas de la agenda de la organización que, además, ha venido insistiendo en ello, desde que en 2013 firmara un acuerdo con los consumidores sobre este asunto, y que de manera constante ha reclamado también más autoridad, más competencias y más medios para la AICA – que es el órgano que tutela el cumplimiento de la Ley -, así como una mayor implicación de las administraciones autonómicas en el control de fraudes.
