Ésta es una de las reclamaciones que han llevado a decenas de agentes medioambientales de todas las provincias de Castilla-La Mancha a echarse a las calles de Toledo este jueves, para reclamar al titular del Ejecutivo autonómico que cumpla con las promesas que les ha realizado a lo largo de la legislatura y que no ha llevado a cabo.
Así lo ha indicado el portavoz del Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de FeSP-UGT CLM, José Azcoitia, que en declaraciones a los medios ha incidido en la urgencia de derogar esa orden “machista” del anterior Ejecutivo, sobre todo de cara a la cercanía de la jornada de huelga del 8 de Marzo.
“Estas son políticas machistas perpetuadas en el tiempo por una orden conservadora. Esto es brecha de género y no podemos consentir que se acabe la legislatura con un gobierno que se dice progresista pero mantiene en vigor esta orden”, ha insistido Aizcoitia.
De ahí que haya urgido al Ejecutivo autonómico a incluir las campañas de incendios como complemento específico y adapte el puesto de trabajo de estas trabajadoras por medio de una segunda actividad, para que desarrollen labores acordes a su estado de embarazo o lactancia y no pierdan esa cantidad retributiva.
De igual modo, el responsable de UGT ha proseguido afirmando que el Plan de Conservación del Medio Natural contempla que en la región ha de haber 700 agentes medio ambientales, pero en la actualidad no llegan a 500, un 30 por ciento menos de la plantilla. “Son nuestros montes, el patrimonio medio ambiental, muy apreciado por los castellano-manchegos lo que está en juego”, ha advertido.
“Al igual que a nivel nacional le estamos diciendo al Gobierno de Pedro Sánchez que está a tiempo de derogar la Reforma Laboral y la reforma de las pensiones hay que decirle al Gobierno de García-Page que está a tiempo de cumplir aquello que prometió en su momento: subir el salario a los agentes medioambientales, aprobar una ley de cuerpos que nos blinde de ataques y hacer una orden de incendios feminista que ponga a la mujer en el centro de la Consejería”, ha concluido.
De su lado Daniel Cánovas, de CSIF, ha asegurado que el “abandono” del Gobierno regional al cuerpo ha conseguido que los cuatro sindicatos con representación en la función pública se hayan puesto de acuerdo para reclamar una serie de mejoras.
“Que reconozca nuestra categoría profesional. Se nos pide una titulación para estar en el grupo B y se nos tiene en el grupo C1, lo que no corresponde a la Ley del Empleo público”, ha denunciado el representantes de CSIF, que de igual modo ha pedido completar la plantilla porque están “en precario”.
“No podemos prestar un servicio digno porque estamos faltos de personal. Tenemos una estructura y una organización de trabajo del siglo pasado y no llegamos a cubrir todas las funciones que nos corresponden en nuestro reglamento”, ha concluido Cánovas.
