El anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha ha recibido más de una treintena de alegaciones tras concluir su periodo de información pública, elaboradas por diversos colectivos, asociaciones o instituciones tanto a artículos concretos del texto como a varios puntos del mismo.
Según ha explicado el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, se trata de un número “importante” de aportaciones, por lo que ha destacado la participación que ha despertado en el tejido social esta futura norma. “Son muy distintas, algunas más densas, otras que van a un artículo concreto y otras con una reflexión más programática o filosófica”, ha afirmado.
De estos más de 30 colectivos, Carrillo ha mencionado algunos como colegios profesionales, entidades financieras, plataformas de afectados por la hipoteca, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el decanato de registradores, el Instituto de la Mujer o asociaciones de vecinos, entre otras.
Desde este momento, técnicos de la Consejería de Fomento con la colaboración de los de otras consejerías –ya que afectan a otros ámbitos relacionados con la vivienda– trabajan en el estudio de estas alegaciones para resolverlas “cuanto antes” y que la tramitación siga su curso.
En este proceso ya hay algunas que parecen “interesantes y acertadas” y otras que quizá tengan hueco “en programas de vivienda o normas mas de carácter reglamentario”, ya que este texto legislativo “sobrevuela un nivel normativo superior”. “Intentamos recoger todos los deseos de la sociedad”, ha expresado Carrillo.
Tras pasar por órganos como el consejo de consumo, el consejo general de municipios o la comisión regional de vivienda, y una vez se determine el destino de estas alegaciones, el texto tendrá que superar el filtro del gabinete jurídico de la Junta para que elabore el correspondiente informe y llegará al Consejo de Gobierno.
Después será el turno del Consejo Consultivo, que realizará un dictamen de carácter jurídico “importante”, tras lo que llegaría a las Cortes regionales para iniciar su tramitación.
Aunque el director general de Vivienda prefiere no “aventurarse” a concretar cuándo podría entrar en vigor, si que ha expresado su deseo para que esta ley esté preparada “lo antes posible”, pues, a su parecer, es “una ley integral, importante, con vocación de permanencia” en la que no se puede “ir con prisas que sean malas consejeras”.
