![Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas](["https://lanzaadm.lanzadigital.com/wp-content/uploads/2017/10/DÉFICIT-949x712.jpg", "https://lanzaadm.lanzadigital.com/wp-content/uploads/2017/10/DÉFICIT-569x427.jpg"])
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Todos los meses de este año la región ha cumplido el plazo legal de pago a proveedores, consiguiendo siempre un mejor dato que el conjunto de las comunidades autónomas.
Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma de régimen común que más rápido abonó en el mes de octubre las facturas a sus proveedores, siendo su periodo medio de pago 13 días inferior a la media nacional.
Así se refleja en los datos del periodo medio de pago de las comunidades autónomas correspondientes al pasado mes de octubre, que publicó ayer el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
De acuerdo con estas cifras oficiales, el periodo medio de pago de Castilla-La Mancha en el mes de octubre fue de ocho días, lo que supone que el Gobierno de Emiliano García-Page abona las facturas a sus proveedores en menos de la mitad de días que lo hace el conjunto de las Comunidades Autónomas de régimen común y que en ese mes fue de 21 días.
Así, Castilla-La Mancha durante todo el año 2017 ha cumplido el plazo legal de pago a proveedores, establecido para las administraciones públicas en 30 días.
También durante estos diez meses el Ejecutivo regional ha abonado las facturas a sus proveedores siempre antes que la media de las Comunidades Autónomas y respecto a hace un año, Castilla-La Mancha ha reducido a la mitad el periodo medio de pago, pasando de 16 días en octubre de 2016 a ocho en el mismo mes de este año.
Por lo tanto, los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ponen de manifiesto la tendencia positiva de Castilla-La Mancha en el pago a proveedores durante toda la legislatura, lo que está siendo posible gracias a las mejoras en la gestión de la tesorería puestas en marcha por el Gobierno de García-Page.
Estos buenos registros son un indicador de la salud financiera de la región, uno de los principales objetivos que se ha marcado el Ejecutivo castellano-manchego y que está siendo, además, compatible con la recuperación social y económica de la región.