La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN-ES) destaca que la aprobación en España del Ingreso Mínimo Vital en mayo del 2020 ha supuesto “una importante medida para la lucha contra la pobreza”, por lo que valora positivamente las recientes modificaciones introducidas por el Gobierno, entre las que se encuentran “varias de las demandas que EAPN-ES ha realizado desde su creación”.
“Gracias al incremento de las pensiones no contributivas en un 1,8 por ciento, aumentando así las cuantías del Ingreso Mínimo Vital, la creación del concepto de Unidad de Convivencia Independiente y el reconocimiento del papel de las entidades del Tercer Sector como mediadoras sociales, se ampliará la cobertura a grupos altamente excluidos y vulnerables que no estaban siendo incluidos en las anteriores reformas de la ley”, señala.
Sin embargo, resalta, “todavía quedan mejoras que realizar. En primer lugar, existen grupos poblaciones que siguen sin estar incluidos en los requisitos solicitados para la obtención del IMV, como las personas inmigrantes en situación irregular, las refugiadas, las menores de 23 años sin hijos/as, etc”.
Por otra parte, en el cálculo de los miembros de la unidad de convivencia el IMV no se contabiliza a todos los hijos e hijas y personas dependientes, sino que reconoce, únicamente hasta el tercer hijo, lo cual supone no reconocer una situación de alta vulnerabilidad, las familias con más de tres menores o personas dependientes.
También, es preciso mejorar los sistemas de solicitud y adjudicación, de modo que se logre acortar los plazos y se aumente el nivel de transparencia e información con respecto a las cuantías asignadas, especialmente en el caso de los traspasos de las Rentas Autonómicas, los motivos de denegación y la habilitación de procesos de reclamación.
EAPN señala como una de las grandes áreas problemáticas del IMV su complementariedad con las Rentas Mínimas. Existe una gran desigualdad territorial con respecto a la forma en la que ambas prestaciones van a coexistir. Se precisa una coordinación entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas para fijar criterios y recursos comunes que garanticen una igualdad de condiciones (acceso, requisitos, dotación, etc.).
La red estatal defiende que el IMV no es un “gasto”, sino que se trata de una inversión que, gestionada adecuadamente, tendrá un importante retorno para la sociedad. Por ello, se compromete en seguir trabajando y colaborando para lograr que el IMV amplíe su accesibilidad y cobertura para llegar al máximo posible de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Por último, cabe destacar que EAPN-CLM ha elaborado un informe, que se publicará próximamente, evaluando el funcionamiento que ha tenido el Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha así como una comparación de esta medida con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).
