El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto que en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del Proyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno de la región apruebe el desarrollo por decreto de un nuevo concierto social con las entidades del tercer sector reconocidas mediante esta ley y su futuro reglamento.
Su contenido, características y dotación económica se abordarán en el marco de la futura Comisión del Diálogo Civil conforme a la Ley 14/2010, de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, según se recoge en una de las 14 enmiendas parciales que ha presentado el PP a dicha ley, recogidas por Europa Press, frente a las 10 que ha registrado el Grupo Parlamentario Ciudadanos. El PSOE no ha presentado ninguna.
El PP también quiere que en el plazo de doce meses el Consejo de Gobierno adecue los sistemas de financiación pública en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria y, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas.
Asimismo, pretende que, en ese plazo de tiempo, el Consejo de Gobierno impulse la utilización de los instrumentos normativos y medidas fiscales que en cada caso resulten más adecuados, para promover la inclusión social de personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad (con especial atención a la infancia y a las personas mayores), personas o grupos en riesgo o en situación de exclusión social y de atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
En este tiempo, los ‘populares’ también proponen que el Consejo de Gobierno introduzca en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, aquellos contenidos y referencias al tercer sector social precisos para su justa valoración como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad civil.
Para el Grupo Popular es importante para el desarrollo de la presente Ley, temporalizar y acelerar en la medida de lo posible su desarrollo reglamentario en general, ya que su contenido en ocasiones es demasiado generalista.
Precisamente por ello, justifica el PP, las medidas relativas a la adecuación de los sistemas de financiación pública, de impulso de medidas fiscales, así como de inclusión en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, son de especial importancia para su desarrollo.
CS: MÁS GASTO PARA LOGRAR EFECTIVIDAD
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, por su lado, ha presentado diez enmiendas al texto, entre las que figura una que solicita la supresión de la disposición adicional quinta, que explicita que la regulación incluida en la ley “no podrá suponer incremento del gasto
público, ni incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”, al considerar que sí debe haber gasto.
A su juicio, el establecimiento de medidas de fomento del tercer sector social requiere de medidas que comporten ese gasto “para tener alguna efectividad”, al considerar que, si no hay incremento del gasto, “el Proyecto de Ley tiene una repercusión prácticamente nula y su necesidad queda en entredicho”.
En relación a este asunto, la formación naranja ha incluido otras enmiendas que piden establecer una financiación plurianual en los programas de ayudas y subvenciones que tengan como destinatarias a las entidades del tercer sector, con el objetivo de que estas puedan planificarse, mientras que en el artículo que habla de estrategias de promoción del tercer sector vuelve a solicitar financiación, con un escenario plurianual a cuatro años.
Igualmente, Ciudadanos solicita con sus enmiendas que se cite en el texto de forma expresa a aquellas entidades que trabajan en el ámbito del fenómeno conocido como “soledad no deseada” y de atención y apoyo a personas del colectivo LGTBi; y que se garantice la participación del tercer sector en actividades relativas al fomento del empleo femenino.
Además, en otra enmienda, quiere que se impulsen procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales y de acreditación de la participación en actividades de entidades del tercer sector a las personas que colaboren como voluntarias y que se les otorguen beneficios académicos, formativos o de otra naturaleza, a fin de que representen un estímulo para el voluntariado en ese ámbito.
