El Gobierno de Castilla-La Mancha exige “responsabilidades” al PP por el presunto fraude de hasta 600 millones de euros de la desaladora de Escombreras (Cartagena), según refleja el Informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), que se encuentra tramitado en un juzgado de Murcia, y que el consejero de Agricultura y Medio Ambiente Francisco Martínez Arroyo ha calificado de “pelotazo”.
Martínez Arroyo ha dicho hoy en Albacete que “es una cuestión muy grave”, y ha instado al PP a “dar una respuesta por tratarse de dinero público, y que evidencia que de esa forma no se está repartiendo el agua entre todos, sino que se están beneficiando unos pocos”.
Negocios turbios con el agua
“Con el agua se ha hecho negocios turbios, sin transparencia”, ha afirmado el consejero, que ha argumentado la necesidad urgente de que la Administración General del Estado “incluya a todos en el Pacto nacional en materia de agua para que la comunidad autónoma sea parte activa de ese acuerdo.