La operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Nacional (UDEF) con la Guardia Civil, dirigida por la Fiscalía Europea, se desarrolló con registros en Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria, busca esclarecer un entramado con complejos sistemas para evadir el pago del impuesto en la compraventa de vehículos.
Se investiga una trama criminal dedicada al fraude en adquisiciones intracomunitarias de vehículos de alta gama, dando lugar a delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Los cabecillas de la presunta estafa son un ciudadano residente en Badajoz y otro de Granada que ahora están bajo la lupa de las autoridades en calidad de investigados por el escamoteo de IVA a más de 1.900 vehículos de alta gama a lo largo de 2019, 2020 y 2021.
La investigación permanece abierta, ya que las autoridades sospechan que el número final puede ser muy superior, en un mercado de ventas de operadoras alemanas a mercantiles portuguesas que supera los 74 millones de euros.
Los cabecillas de la organización buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquirían vehículos de alta gama de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros. Tras su adquisición se simulaba la venta a terceras personas en Portugal para acabar los coches en concesionarios españoles.
Este movimiento de ingeniería fiscal corrupta es lo que se denomina “fraude carrusel de IVA” soportando el IVA repercutido y adquiriendo el derecho de deducción del IVA soportado, es decir, solicitando la devolución de este impuesto a la Agencia Tributaria.
La operación policial investiga también los concesionarios que finalmente vendían los vehículos, de quienes las autoridades tienen dudas sobre su conocimiento real de la trama existente, aduciendo estos su desconocimiento sobre el paso documental de los coches por Portugal.
Proceso penal
La instrucción se encuentra actualmente en la fase de declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos cabecillas, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que “siempre” se ha ajustado “a los requisitos legales para comprar y vender estos vehículos, con sus debidas facturas y pago de impuestos”.
Su abogado, el letrado Juan Gonzalo Ospina, considera que se está “en un momento preliminar de la investigación” y confía “completamente” en la inocencia de su cliente. “Estamos ante un caso, como otros muchos, donde quien vende un producto desconocía el desarrollo de un fraude fiscal en torno al mismo”, ha señalado.
El despacho espera poder demostrar la inocencia de su representado, para lo que se apoyará en la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy, quien se incorporó como socio desde el pasado mes de junio al despacho asentado en Madrid.
