J.C.C.R., empresario de Tomelloso vinculado al transporte de mercancías, se enfrenta a tres años de cárcel y una multa superior al millón de euros, por un supuesto fraude a la Seguridad Social de 261.447 euros, que tendrá que devolver en caso de condena.
Fiscalía y Tesorería de la Seguridad Social lo acusan de no pagar “con claro afán defraudatorio” las cuotas sociales y de sus trabajadores de tres años, entre 2013 y 2016. En este caso, similar a otro juzgado el año pasado en el que fue condenado su hermano, está acusado tanto el empresario como la mercantil Cisternas Alarcón, de un delito contra la seguridad social.
La pena detallada para J.C.C.R. son tres años de cárcel y multa 522.894 euros, con responsabilidad penal de diez meses de prisión en caso de impago. También solicita la misma multa para la sociedad, además de la devolución íntegra de las cantidades que supuestamente no se ingresaron en la Tesorería General.
Se dedicaba a reflotar empresas de transporte
Parco en palabras, el acusado ha explicado en el juicio en la Audiencia de Ciudad Real que lleva cuarenta y cinco años en la actividad empresarial y que en esa época se dedicaba a reflotar empresas de camiones de mercancías. Entre 2013 y 2016 lo intentó con Cisternas Alarcón, en la que tuvo “cinco o seis trabajadores”, ha dicho, hasta que llegó la crisis, y empezaron a llegarle embargos.
De los pagos que le preguntan ha contado que no recuerda, “los hacía la gestoría”, ha dicho, y que desconoce el mecanismo de presentación de esa documentación. Y que si dejó de pagar algo es porque no había liquidez.
También ha insistido a preguntas de la defensa que no ha ocultado datos a la Seguridad Social y ha aportado en el juicio (lo ha admitido el tribunal, con la oposición de las acusaciones) documentación relativa a las cuotas de los trabajadores de esa empresa (modelos TC1 y TC2), pero nada relativo a ningún concurso de acreedores o a solicitar un aplazamiento de los pagos que la Seguridad Social empezó a reclamarle en 2017.
“La voluntad de pago en este caso es cero”
El responsable de la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social que llevó su expediente ha declarado en el juicio que este empresario se ha caracterizado por su falta de cooperación. “Su voluntad de pago ha sido cero”, ha remarcado.
Ha contado que ni él ni su gestor (su hermano) no solo no solicitaron el aplazamiento de pago, sino que en estos años ha sido imposible embargarle camiones para afrontarlos, pese que les consta que sigue teniendo actividad empresarial, “aparece como gestor en diez sociedades y tenía entre ocho o diez empleados”.
Al INSS no le consta declaración de concurso de acreedores que acredite los problemas financieros de una empresa que según ha dicho tuvo actividad hasta 2019. El acusado tiene condenas anteriores por impagos a Hacienda y alguna más que todavía no es firme.
Las defensas del acusado y la sociedad piden la libre absolución y en caso de que sea encontrado culpable se aplique la atenuante de dilaciones indebidas.
