Los sindicatos docentes han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y FP para que informen de primera mano sobre la suspensión de la vacunación a los menores de 60 años con la vacuna desarrollada por AstraZeneca, ya que esta es la vacuna que se ha estado administrando a los docentes menores de 55 años, entre otros colectivos profesionales como bomberos o policías.
El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordó este miércoles suspender la inoculación de esta vacuna en los menores de 60 años, después de publicarse un nuevo informe del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
En el mismo, el organismo aseguró que existe una “posible relación” entre esta vacuna y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas, y señaló la necesidad de incluir estos acontecimientos adversos en la lista de efectos secundarios “muy raros” de la vacuna.
“Desde CSIF nos hacemos eco de la incertidumbre y la preocupación generada en la población general y de manera particular en los colectivos de empleados públicos, como en el ámbito de la Educación, que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna. Exigimos mayor claridad sobre los criterios para aplicar una segunda dosis, que además coincidía con la celebración de las oposiciones a nivel nacional”, solicitó este sindicato.
En este sentido, la organización sindical lamentó que desde que comenzara la campaña de vacunación contra el Covid-19, las autoridades sanitarias “no se hayan coordinado” con los representantes de salud laboral de los centros de trabajo.
Por ello, el CSIF ha exigido “coordinación, transparencia y coherencia” a las diferentes administraciones, ante la “gestión contradictoria y precipitada” que están mostrando. “Es preciso dejar de lado los criterios políticos y se atienda a la comunidad científica y a los profesionales”, zanjó.
“Improvisación” y “falta de criterio”
Por su parte, desde la Confederación STEs, el responsable del Área de Política Educativa, José Ramón Merino, critica la “improvisación” y “falta de criterio” de las autoridades sanitarias españolas con los cambios de criterio sobre la administración de la vacuna de AstraZeneca. “Aun reconociendo la celeridad que ha presidido la toma de decisiones por parte de los responsables políticos, en base a tratar de avanzar en la vacunación de toda la población, sería deseable que las decisiones que se tomen tengan continuidad en el tiempo”, señaló a Europa Press.
Merino asegura que desde STEs se va a pedir una reunión “con carácter urgente” para “tratar de llevar algo de tranquilidad a las personas que trabajan en los centros docentes que se encuentran actualmente con muchas dudas con respecto a lo que va a pasar con las vacunas”, así como para “exigir garantías”.
“Estamos muy preocupados por esta situación y le mandamos con celeridad y urgencia que se clarifiquen todas las situaciones”, solicitó, por otra parte, el presidente del sindicato de enseñanza Anpe, Nicolás Fernández, en declaraciones a Europa Press.
Desde Anpe exigen protocolos y criterios unificados a nivel estatal. “Nos dirigiremos al Ministerio para pedir esta coordinación y la unificación de criterios para facilitárselo a todo el profesorado en cualquier ámbito en el que estén destinados”, añadió Fernández.
“Si queremos garantizar la educación presencial tenemos que conseguir que todos los docentes estén vacunados antes de que finalice este curso cualquiera que sea la edad que tengan para así poder iniciar el curso próximo en las mejores condiciones sanitarias; proteger a los docente es proteger a la comunidad educativa”, concluyó.
Segunda dosis
Del mismo modo, la UGT preguntará y exigirá “a quien tiene la responsabilidad”, es decir, al Ministerio de Sanidad, ya que “Educación ni pincha ni corta en la vacunación”, aunque la responsable de Educación de este sindicato, Maribel Loranca, ha precisado que al Departamento que dirige Isabel Celaá se le pedirá “toda la información que se precise”.
Loranca también critica el cambio en los criterios con respecto a la administración de la vacuna de AstraZeneca. “Este tipo de decisiones, que vayan variando dependiendo de los momentos, genera mucha incertidumbre; nos gustaría que se pudieran ir despejando, más pronto que después, las incertidumbres”, reclama.
En este sentido, Loranca asegura que UGT espera que el CISNS, que es quien tiene las competencias, resuelva “cuanto antes” la situación, fundamentalmente en lo que afecta a los trabajadores de la educación que ya han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. “¿Cuándo y cómo van a recibir esa segunda dosis?”, traslada Loranca, que aprovechó para insistir en que en el Plan de vacunación se incluya al personal de las universidades.
Tras la decisión de este miércoles acordada en el seno del CISNS, la Comisión de Salud Pública se va a reunir este jueves, aunque con el propósito de analizar la posibilidad de administrar en España la vacuna de AstraZeneca a las personas mayores de 65 años.
