Tanto el Grupo Municipal Equo como Izquierda Unida han manifestado su disconformidad con la resolución emitida mostrando su decepción con el dictamen, mientras que el Partido Popular ha acusado al equipo de gobierno de sufrir un nuevo varapalo jurídico con esta decisión.
Diego Ortega, portavoz Popular, ha defendido el procedimiento del cambio de modelo de gestión que se realizó de forma legal y conforme a la normativa vigente a pesar de que Amparo Amparo Bremard, concejal Socialista, ha reafirmado que la postura del equipo de Gobierno ha sido la correcta al solicitar la nulidad del pleno ya que esta decisión ha contado con el respaldo de un 40% del Consejo Consultivo, síntoma de que “tan desencaminados no estamos”, ha indicado, acusando al portavoz Popular de regalar Aguas de Alcázar.
Por su parte, Gonzalo Redondo, primer teniente de alcalde, ha explicado su discrepancia con la resolución dictaminada por el Consejo Consultivo en la votación al posicionarse en contra de la resolución mientras que el resto de concejales Socialistas se ha abstenido en la misma.
Procedimiento por lesividad
En cuanto al segundo punto del orden del día en el que se ha valorado el inicio del procedimiento administrativo para determinar si procede la declaración de lesividad del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 24 de Julio de 2014, ha sido igualmente aprobado gracias a los votos del Partido Socialista e Izquierda Unida.
Maribel Ramos, concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha señalado el “expolio” que ha sufrido Alcázar de San Juan por parte de FCC Aqualia en el establecimiento del canon por habitante, algo que ha subrayado como razón esencial para justificar dicha lesividad, mientras que Eduardo García-Villajos, portavoz Popular, ha considerado que esta no existe ya que la empresa ha renovado su flota de vehículos, ha aumentado el fondo social para el pago de las facturas de aquellos que económicamente no pueden afrontarlas, así como la mejora de las infraestructuras e instalaciones que han llevado a cabo.
Sin embargo, desde el equipo de Gobierno, Redondo ha reiterado la pérdida de ingresos que supone para el Ayuntamiento este modelo de gestión mixto al perder los 800.000 euros anuales procedentes de gastos de alcantarillado, además del perjuicio para los ciudadanos que se encontraban exentos del pago de impuestos municipales en las facturas, y actualmente tienen que hacer frente a ellos.
