Jesús Alique, el comisionado para el Reto Demográfico en Castilla-La Mancha, ha celebrado que el nuevo gobierno de coalición, encabezado por Pedro Sánchez, haya puesto en el centro de la agenda nacional la lucha contra la despoblación porque, a su juicio, supondrá “la aplicación de una política de Estado para el desarrollo rural sostenible”.
El exalcalde de Guadalajara, que apenas lleva seis meses al frente del nuevo encargo para coordinar todas las acciones locales, supramunicipales, provinciales, regionales, nacionales y europeas dirigidas a fijar y engordar los censos de los pueblos (sobre todo con mujeres), ha sostenido en declaraciones a este digital que “es importante para la región” que el nuevo Ejecutivo cuente con una vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que estará dirigida por Teresa Ribero.
Para Alique, la despoblación representa un desafío “complejo”, tanto para Castilla-La Mancha como para el resto de España, porque sus causas son diversas y sus soluciones, por tanto, deberían estar vertebradas en acciones en distintos niveles y en base a las necesidades de cada realidad territorial dentro de un gran pacto de Estado.
Es el caso de Castilla-La Mancha, donde “somos conscientes de que es uno de los problemas estructurales en algunas comarcas, pero no es exclusivo de la región”, ha dicho, a la vez que ha visto necesario que se aborden las políticas nacionales basadas “en la solidaridad y la financiación”.
Una de las herramientas más efectivas que habría que aprovechar, para este Comisionado, es la recuperación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y que apenas ha tenido desarrollo.
“Fue la primera ley que abordaba la situación y ahí se quedó”, mientras que Mariano Rajoy (PP) “no hizo nada con este instrumento legal tan importante”. Afrontaba, ha recordado, “la clave” como son acciones diversificadas para generar actividad económica y acometer infraestructuras y servicios públicos que garantizaran la igualdad de oportunidades.
También habría que aprovechar el trabajo del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD), al que pertenece Castilla-La Mancha, y el del Comisionado Nacional, que tiene como principal misión elaborar una estrategia frente el reto demográfico, pendiente de aprobación, tras fijarse el año pasado sus principales directrices.
Precisamente, la solidaridad, según Alique, ha de ser uno de los fundamentos del pacto de Estado, dado que la dispersión territorial juega en contra de los gastos de comunidades como la castellano-manchega, donde cada una de las cinco provincias por separado es más grande que diez regiones de España.
Es un factor diferenciador que han de contemplar los nuevos fondos de financiación autonómica, “fundamentales” para atender “la gran estructura de dotación material y personal en territorios como los nuestros afectados por la despoblación”, con un coste “adicional a los ratios convencionales”.
Para ejemplo, un botón: la ciudad de Fuenlabrada y la provincia de Cuenca tienen la misma población, y la primera cuenta con cinco centros de salud, y la segunda, con 50, “con lo que conlleva de esfuerzo en gasto”.
El envejecimiento es otro elemento a tener en cuenta en la nueva financiación, según Alique, ya que en las zonas rurales hay gente de más edad.
Con todo, como asunto de Estado y tras la constitución del nuevo Ejecutivo, “trabajaremos en coordinación con sus políticas, como no podía ser de otra manera”.
