El accidente nuclear de Chernóbil (Ucrania), la tragedia industrial de Bhopal (India), los efectos devastadores de la petrolera Texaco en la Amazonía ecuatoriana, y más reciente, el vertido de crudo de la petrolera BP en el Golfo de México, son solo unos ejemplos de las decenas de desastres ambientales provocados por el hombre que podrían ser considerados ‘ecocidios’.
Equivalente en la naturaleza a los crímenes de guerra genocidas, el ‘ecocidio’ es un delito teórico, incluido en algunos códigos penales de los nuevos países del Este de Europa, pero sin repercusión práctica. En paralelo, crece la pugna de juristas de todo el mundo por su inclusión en el derecho internacional, como primer paso a la implantación de la justicia ecológica universal.
Adán Nieto, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, es uno de esos abanderados del ‘ecocidio’. “El Derecho Penal no va a arreglar el cambio climático, pero tiene una gran fuerza simbólica para comprender su relevancia y acabar con la impunidad. Si contaminas un río en cualquier país del planeta y no pasa nada estamos haciéndole un flaco favor a la sociedad”, explica en esta entrevista para Lanzadidigital.com
Delitos que afectan a la salud y la vida en la Tierra
¿Pero de qué hablamos exactamente cuando hablamos de ‘ecocidio’? “De delitos que afecten a la salud de una gran masa de población, pero también a sus formas de vida y/o provoquen daños extraordinariamente graves al medio ambiente de una forma extendida, grave, y perdurable en el tiempo”, indica el profesor.
Definido así el daño ‘ecocida’ debería consistir en una figura de derecho penal internacional semejante a la lesa humanidad, es decir, “regido por el principio de justicia universal que permita a cualquier país extender su jurisdicción y por tanto poder sancionar estos comportamientos, con independencia del lugar donde se realizaran y la nacionalidad de quienes lo hubieran realizado”. “Cuando consigamos que esto sea un crimen internacional, podríamos perseguirlo en cualquier lugar del mundo, lo que supone un tremendo avance”, apostilla.
El modelo de la Corte Penal Internacional
El reto que persiguen los juristas es que exista una convención internacional de Naciones Unidas que recoja esos delitos; establezca dónde juzgar los crímenes y prevea mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas. “¿Por qué no crear la figura del fiscal internacional en materia de medio ambiente?”, se pregunta Nieto, que propone copiar el modelo de los delitos de lesa humanidad que juzga la Corte Penal Internacional.
La UCLM en la Cumbre del Clima
Las investigaciones sobre ‘ecocidio’ de Adán Nieto, subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM y de su colega Luis Arroyo, director del instituto, en colaboración con Jacobo Dopico de la Universidad Carlos III, han estado presentes esta semana en la Cumbre del Clima de Madrid, como actividad paralela.
“Hemos aprovechado estos trabajos, técnicamente muy razonables, que elaboramos para la Cumbre del Clima de París en 2015, y los hemos vuelto a poner sobre la mesa ahora”, subraya.
La Jornada titulada ‘Hacia un Derecho Penal Internacional y del Medio Ambiente: del pacto global al delito de ecocidio’ se celebró el miércoles en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y contó con figuras de la relevancia de Laurent Fabius, presidente del Consejo Constitucional francés y organizador de la Cumbre del Clima de París, además del presidente del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas. “El Gobierno también ha mostrado mucho interés en las jornadas a través de la vicepresidenta”, comenta Nieto.
Pero por ahora todo son aproximaciones técnicas. “En el ámbito internacional hay muchas iniciativas y nosotros estamos humildemente en esto, conscientes de nuestro peso. Se nos escucha más por nuestra buena relación con la Asociación de Derecho Penal Internacional”.
El ecocidio necesita impulso político
Lo que de verdad necesita el ‘ecocidio’ es impulso político: “Los textos están hechos, necesitamos que los gobiernos como el nuestro o a través de la Unión Europea defiendan acabar con la impunidad de los crímenes ambientales para que sea Naciones Unidas o algún organismo internacional quien lo ponga en marcha. La Cumbre del Clima que se está desarrollando en España es un buen momento”.
El catedrático de Derecho Penal opina que al igual que existe una Convención del Mar a nivel internacional debería existir otra del Medio Ambiente que fije las normas internacionales en materia de respeto a la naturaleza, “es que no hay ni eso, cuando no se me ocurre un interés principal más global para la humanidad que el medio ambiente”.
Delitos de segundo orden, “no puede ser”
Nieto considera además que los delitos ambientales, que se introdujeron en los códigos penales de los países de nuestro entorno en los años ochenta, siguen siendo delitos de segundo orden, “y eso hay que cambiarlo”, “treinta años después el medio ambiente es un bien jurídico mucho más importante y debería subir algún escalón dentro de la escala de gravedad del Código Penal”.
La impunidad de las multinacionales
Recalca que en este tipo de catástrofes se repite un patrón: se da con más frecuencia en los países más pobres, con débiles mecanismos legales para perseguirlos, y nadie paga cuando son empresas multinacionales las responsables. “Ha pasado con el caso de Texaco en Ecuador (1964-1992). Acabó la dictadura, hubo una condena civil pero ha sido imposible de ejecutar. Estados Unidos, el país de la compañía petrolífera que destruyó el ecosistema, ni siquiera le dio validez a la sentencia del tribunal que dictó la condena en Ecuador, una de sus líneas de defensa fue culparlo de corrupto. Y así en la en la mayoría de los casos de graves daños ambientales en países del Tercer Mundo”.
Los proyectos del Instituto de Derecho Penal
El principal proyecto de investigación en el que trabaja ahora el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional es ‘Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por violaciones de derechos humanos al medio ambiente (REMULT)’, cuyo objetivo es sentar las bases para una respuesta penal a las más graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas multinacionales (va más allá del ‘ecocidio’).
En este caso sus investigadores principales son los profesores Adán Nieto y Luis Arroyo, aunque están implicados más de 45 investigadores de distintas especialidades de hasta quince universidades españolas y extranjeras.
