La avalancha de demandas por el cobro de cláusulas suelo, que ha obligado al Consejo General del Poder Judicial a semiespecializar juzgados en España (al menos uno por provincia) no cesa. En los doce primeros días del año –tres de ellos inhábiles- se han registrado en Ciudad Real 74 asuntos ante el nuevo juzgado competente: instrucción y primera instancia número 3, que también se encarga del Registro Civil.
El juez titular, Gonzalo de Diego, asegura en declaraciones a Lanzadigital.com que todavía no puede hacer una valoración del impacto que supondrá este trabajo en su juzgado, que toma el testigo de primera instancia en instrucción 4, con competencias provinciales en lo Mercantil, que ha estado al borde del colapso por esta materia.
“En este momento tan solo se han iniciado los trámites de parte de las demandas y el resto estarían pendientes de ser registradas por el Servicio Común General”, indica el magistrado. Por el breve tiempo transcurrido todavía no se ha señalado ningún juicio (no se han cumplido los plazos para contestar a las primeras demandas).
Casi 2.000 en seis meses
Si nos atenemos a los datos la tarea no va a ser sencilla. En los seis meses que han durado las competencias sobre cláusulas suelo en el juzgado de lo Mercantil se han registrado 1.907 demandas, una barbaridad si se tiene en cuenta que la media de asuntos civiles que llegan a los juzgados de Ciudad Real está en novecientos.
No más asuntos civiles pero mantiene las misma carga de penal y Registro Civil
La decisión de reasignar las competencias a este juzgado la ha tomado el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. De este modo el juzgado de primera instancia e instrucción 3 de Ciudad Real tiene desde el primero de enero “la competencia exclusiva y excluyente” para conocer de todas las demandas relativas a condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias en los que el prestatario sea una persona física. “Eso significa que, a partir de este momento, en materia civil, sólo conocerá de este tipo de asuntos, aunque continuará tramitando, hasta su conclusión, los que ya hubieran tenido entrada. Esto en lo que respecta a la parte civil ya que también mantiene la competencia, sin ningún tipo de modificación, tanto de la materia penal como del Registro Civil”, aclara el juez.
El cambio forma parte del nuevo plan del Consejo General del Poder Judicial para dar salida a estas reclamaciones, sin poner en riesgo el funcionamiento de la justicia.
Burbuja inmobiliaria y crédito fácil
El Poder Judicial pensó en esta solución (especializar un juzgado por provincia) a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 que declaró ilegales este tipo de cláusulas, por las que miles de consumidores han pagado de más en sus hipotecas en España en los años de la burbuja inmobiliaria y el crédito fácil.
A partir de 2013 se consideraron ilegales, pero la sentencia europea fue más allá y reconoció la retroactividad de todos esos pagos desde que empezaron a cobrarse: 2009.
Aunque se supone que el consumidor podía y puede negociar con su banco, en la práctica se está viendo que sólo está funcionando la vía judicial
