Las familias de la menores que sufrieron abusos sexuales en la consulta del psicólogo de Ciudad Real Pedro Julio Merino, condenado el año pasado a penas que suman 21 años y medio de cárcel en dos sentencias de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que acaban de ser confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, quieren que ingrese ya en prisión.
“¿Qué tiene que pasar más para que este hombre vaya a la cárcel?”, le ha transmitido la madre de una de las víctimas a la abogada Concha Marín, que ejerce la acusación particular a través del programa contra el abuso infantil Revelas-M de la Junta de Comunidades en el caso de dos de las tres niñas.
La progenitora dice estar cansada de ver al psicólogo “tan campante” por Ciudad Real. Antes de los dos juicios casi entendían que estuviera libre, pero después de las contundentes sentencias de la Audiencia Provincial (una de la sección primera y otra de la segunda), de mediados de junio de 2019, ratificadas hace poco por el Tribunal Superior regional, no lo comprenden.
Las condenas todavía no son firmes
A Merino todavía le queda una baza para defender su inocencia: el Tribunal Supremo en el que según fuentes jurídicas “tiene poco que hacer”, tal y como están redactados los fallos de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y las apelaciones del TSJCLM. Sin embargo algo gana, “está claro que tiempo, el Supremo no es una tercera instancia. Para que se admita a trámite el recurso debe tratarse de algo extraordinario”, opina Marín, que sin perjuicio de que este hombre agote todas las vías legales pedirá que ingrese en prisión.
“Pediremos que se acuerde prisión”
Marín prepara un escrito que presentará ante la sección primera de la Audiencia Provincial para interesar su ingreso inmediato en prisión por la condena de 17 años y medio, apelando a la “alarma social” que significa que siga libre (ya está jubilado y no ejerce).
El caso de los presuntos abusos sexuales de Julio Merino, habitual de las charlas contra el acoso escolar organizadas por ayuntamientos e instituciones, y colaborador de los medios de comunicación de la provincia durante años, saltó en mayo de 2018, cundo se hicieron públicas las denuncias de las familias de dos niñas de 11 y 12 años a las que había tratado en su consulta.