Abogados del turno de oficio de Ciudad Real y de toda España preparan una gran manifestación el 3 de febrero en Madrid bajo el lema ‘Turno de oficio digno, pasarela Reta ya’, en la que reivindican tanto mejoras en el sistema de la justicia gratuita, como en el de acceso a las pensiones de jubilación.
La manifestación es la próxima protesta pública de una huelga indefinida, convocada por el sindicato Venia, que esta semana cumple dos meses, con pocos avances, si bien el comité de huelga nacional se reunió con la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz y el ministro de Justicia Félix Bolaños anunció a finales de diciembre que se reuniría con la Abogacía para hablar de la revisión del baremo de la justicia gratuita.
En la práctica no ha habido mejoras y la mayoría de los abogados del turno en Ciudad Real siguen haciendo huelga en aquellos asuntos no urgentes o graves, que afecten a menores, etc. No obstante se están suspendiendo juicios y pleitos no urgentes, de personas amparadas por el derecho a la justicia gratuita.
A la manifestación del 3 de febrero en Madrid están convocados también los profesionales de la procura, tan afectados como la abogacía por las escasas retribuciones de los asuntos del turno de oficio, en base a unos baremos y una ley que prácticamente no se han tocado en décadas.
La pretensión de los huelguistas, que cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados de Ciudad Real (se comprometieron apoyando y manifestándose en una concentración a mediados de diciembre ante la Subdelegación del Gobierno) es que sea el colegio el que financie uno o varios autobuses para facilitar la presencia de abogados de Ciudad Real en la protesta.
De la reunión del ministro Bolaños con el Consejo de la Abogacía, “en las primeras semanas de enero”, solo se sabe el compromiso que adquirió con la presidenta Victoria Ortega a finales de diciembre. Tras reunirse con ella el nuevo ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes se mostró dispuesto a negociar el baremo (lo que cobran los abogados del turno de oficio por cada servicio), aunque no es el único punto de las reivindicaciones de los huelguistas.
Denuncian “explotación laboral ilícita”
“Llevamos años soportando un trabajo invisible, arduo, no remunerado, esclavizado, sin reconocimiento social, sin vacaciones, sin descanso semanal, sin derecho a cotización, sin ser contratados, lo que nos reduce a una explotación laboral ilícita”, afirman los abogados del turno, en el manifiesto con el que empezó la huelga el 21 de noviembre. De hecho las reivindicaciones de ahora son las mismas que llevan planteando a través de los colegios de abogados cada 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita, solo que con más hartazgo profesional.
La convocatoria de huelga indefinida también afecta a la procura, el otro eslabón que según los abogados sostiene la justicia gratuita. “Los abogados y procuradores son los que trabajan gratis ante la cantidad de actuaciones procesales (recursos, ejecuciones, demandas, etc) que el Ministerio de Justicia no abona debido a que, a su conveniencia, han creado un sistema en el que el profesional realiza gratis su trabajo al Estado”, dicen.
Las reivindicaciones de los huelguistas
Regulación jurídica del profesional del turno de oficio (suscripción de un contrato de trabajo)
Retribuciones dignas y su abono en tiempo y forma
Retribución de la totalidad de las actuaciones realizadas para las que hemos sido desinados y de los tiempos de disponibilidad.
Abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio
Ante la denegación definitiva de la asistencia jurídica gratuita es la Administración la que pagará al profesional y reclamará al ciudadano y no como ocurre hasta ahora que es el profesional el que se queda sin cobrar su trabajo pese a que lo hace como es su obligación.
Actualización de las retribuciones conforme al IPC
Cotización a la Seguridad Social con efectos retroactivos por todos los años trabajados sin que la Administración haya cotizado por los profesionales del turno de oficio.
Derecho a la conciliación, descanso y desconexión digital.
Extinción de la obligatoriedad impuesta al profesional de gestionar la solicitud de otorgamiento de justicia gratuita y reducción de la carga burocrática.
Derecho a la formación gratuita a cargo de la Administración.
Reconocimiento de la condición de autoridad.
Campañas de sensibilización para visibilizar y dignificar la profesión.
