Ecologistas en Acción (EA) ha rechazado la propuesta de Plan Hidrológico para la demarcación española del río Guadiana presentada y aprobada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para los años 2022-2027.
José Manuel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción, en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, ha explicado que aun reconociendo el esfuerzo realizado en esta ocasión por la CHG y aunque llega con un retraso de 20 años este plan, esta organización considera que es “insuficiente” y “poco ambiciosa” esta propuesta.
Hernández ha advertido que el Plan Hidrológico del Guadiana que propone la CHG “no es coherente con la exigencia de cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA), lo que les ha llevado a votar negativamente a que este Plan progrese en su tramitación”.
En este sentido, ha señalado que EA no está a favor de la compra de derechos en el Alto Guadiana ya que la política de regadíos requiere la existencia de excedentes y resulta obvio que éstos no existen en el Alto Guadiana, como lo certifican las respectivas declaraciones como acuíferos sobreexplotados de las unidades hidrogeológicas manchegas.
“Las concesiones y aprovechamientos están supeditados legalmente a la existencia de estos excedentes y su desaparición, conlleva la extinción de las autorizaciones otorgadas en su momento”.
Por ello, ha advertido, “no cabe indemnización ni compra de unos derechos que devienen en extintos por la desaparición de las circunstancias que en algún momento hubieran podido ampararlos”.
Por otra parte, ha reseñado que otras iniciativas similares como el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), se convirtieron simplemente en “operaciones cosméticas” que supuso “un fraude” como ahora se reconoce en las nuevas condiciones que se establecen para la compra de derechos.
En su opinión, esta compra de derechos sólo busca “satisfacer sibilinamente el propósito de la Junta de Comunidades de continuar con una política agroexplotadora y suicida que, en último término, pretende la legalización de las explotaciones ilegales que, lejos de asumir las sanciones que deberían, ven premiado su pertinaz empeño de continuar con un modelo insostenible”.
Por otro lado, ha relatado que el hecho de que el Plan contemple la continuación de la infraestructura del trasvase Tajo-La Mancha, la conocida popularmente como “Tubería Manchega”, no es sino la mejor expresión del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la demostración de la falta de voluntad en su cumplimiento.
Después de décadas con este proyecto sobre la mesa, “se vuelve ahora con esta inversión ruinosa, antiecológica y trasnochada, propia de una mentalidad del siglo XIX y que debe su génesis a planteamientos demagógicos y revanchistas”, ha matizado.
Y ha señalado que resulta curioso que sean los regantes los principales peticionarios de una obra que “supuestamente” se dedicará a abastecimiento, porque lo que pretenderá es “liberar para uso agroindustrial el volumen equivalente ahorrado y que, con toda probabilidad, se sumará a unos teóricos excedentes que, junto a los conseguidos con la compra de derechos, justificarían la continuación de un modelo caduco e insostenible desde una perspectiva ambiental y económica contemporánea”.
Por otro lado, ha advertido que han votado en contra del Plan porque este no contempla los caudales ambientales del río Azuer, que serviría para “testar adecuadamente la virtualidad del concepto, la funcionalidad de su uso y los resultados que ofrezca su cumplimiento”.
En el tramo medio de la Demarcación, ha dicho, que a los ecologistas les preocupa principalmente cual es la previsión hidrológica y la reserva hídrica para el pretendido Plan de regadíos en Tierra de Barros.
Y, finalmente, en cuanto al Bajo Guadiana, ha insistido en que los trasvases Chanza-Piedras que se realizan en la actualidad no se ajustan a derecho.
