Gregorio S., el principal acusado de un delito de omisión de socorro a Máximo G. D., el joven de 30 años que murió hace ocho mientras colaboraba en las obras de la casa principal de la finca ‘Dehesa el Arenal’ de Puebla de Don Rodrigo, ha reiterado en el juicio con jurado que se ha abierto contra él y otros cuatro imputados, que “jamás pensé” que el accidente sufrido por su trabajador acabara en muerte.
En la primera sesión de la vista que se está celebrando en la Sección Segunda de la Audiencia provincial, el contratista de la empresa Gresan ha insistido en que cuando llegó al lugar donde la víctima mortal estaba desvanecida, con una herida en la cabeza, la vio aturdida, pero contestaba a sus preguntas y “sólo actué para curar la descalabradura”.
Ha narrado, a preguntas del fiscal, que no acusa, y tras negarse a contestar a la acusación particular, que es la que ha conseguido que el caso llegue a esta instancia provincial, que aquel viernes 14 de noviembre de 2014 cuando ocurrieron los hechos estaba lloviendo. Llegó cerca de las 8,30 horas con su cuadrilla, dos albañiles soladores, y Máximo (que era el novio de su sobrina) como peón, con el objetivo de acabar las obras y limpiar la casa porque “la dueña nos dijo que el fin de semana iba a celebrar una cacería”.
Encargó al joven fallecido, que no estaba dado de alta en la Seguridad Social, que llevara unos palets de material a la parte trasera del inmueble, y unos minutos después fueron avisados del desfallecimiento de Máximo por uno de los guardas de la finca, a donde acudieron todos para atenderlo.
Tras unos momentos en los que intercambiaron palabras sobre cómo se encontraba, Gregorio acordó coger la furgoneta y llevar al accidentado -que tenía una brecha en la cabeza y que subió por su propio pie acompañado por el resto- al hospital de Ciudad Real, tras hablar con su sobrina para que los esperara allí.
Al parecer, “fuimos hablando todo el tiempo”, aunque en mitad del camino, Gregorio decidió desviarse al centro de salud de Piedrabuena ante los comentarios del joven sobre su empeoramiento, ya que cerca de Luciana, ha declarado, Máximo le comunicó (el gerente pensó que se lo decía como una broma), “que se había cagado”, una observación que repitió llegando a Piedrabuena, a donde se dirigió para pedir ayuda médica.
Al llegar a las dependencias sanitarias, el empresario se bajó, según ha declarado, entró al centro y salió con una silla de ruedas y acompañado de un médico. Ambos ayudaron a Máximo a sentarse en la silla (lo hizo por su propio pie) porque además de la confusión que sufría momentáneamente, era una persona grande y obesa (según Gregorio pesaba más de 140 kilos), y hubiera sido “imposible” mover su cuerpo desfallecido “incluso entre dos personas”.
Y fue, ha relatado el acusado, en el transcurso hacia la consulta cuando murió “tras girar la cabeza hacia un lado”, aunque ya dentro intentaron subirlo a una camilla para reanimarlo pero se les cayó por el peso que tenía, y fue en el suelo donde el médico “me dijo que se nos ha ido”. Eran sobre las 10 de la mañana y Gregorio ha asegurado vivir un momento de “incertidumbre” que “no le deseo a nadie”. Apenas tuvo fuerzas para hablar con su sobrina, que se desmayó en el hospital ciudarrealeño donde esperaba al contactar con su tío, y poco recuerda de cuando movilizó a la familia o que llamara a sus trabajadores para que declararan que no estaba en la obra sino cogiendo setas.
A este respecto, ha señalado que fue una opción que barajó porque Máximo era amante del campo y de esta actividad, y como tardó más tiempo del calculado en mover los palets, hizo ese comentario de manera coloquial.
El empresario de Valenzuela de Calatrava ha recalcado que “jamás pensé que le podía pasar algo más grave” y que actuó en base a la experiencia como albañil desde los 17 años “por las caídas y golpes que sufrimos”. “No vimos la gravedad”, ha insistido, y ha señalado que “no coaccioné a nadie”, aunque tras advertirle de la contradicción con declaraciones anteriores, ha dicho que no lo recuerda porque estaba “en shock”.
Por su parte, J.Z.D., uno de los albañiles presentes ha relatado unos hechos similares y que no llamaron a Emergencias “porque no lo vimos de gravedad”. Ha negado que su jefe le alertara mediante una llamada a su compañero, J. G.C., sobre la versión que tenía que dar sobre dónde se encontraba Máximo, es decir, cogiendo setas, aunque los abogados han alerta de una contradicción porque lo había declarado en el transcurso de la investigación.
Posteriormente, su compañero, sí ha reconocido que recibió esa llamada, con las indicaciones del contratista diciendo que dijeran que estaba buscando los hongos.
También ha restado gravedad a conforme vieron a Máximo, y por lo que hablaron con él, “mareado y algo confuso”, pero reconociéndolos con su nombre.
El guarda rural de la finca P.P.G.J., una de las dos personas que primero vieron a Máximo tras caer, ha recordado cómo avistaron el bulto de Máximo junto a los palets cuando iban a buscar vacas y sacos de pienso. Su compañero, J.S.G., el vaquero, fue a avisar a sus compañeros, que se encontraban en la parte delantera de la casa, y todos llegaron para atender al accidentado. Este acusado, visiblemente afectado, ha dicho que no ha contestado a la acusación porque el anterior abogado de los padres de Máximo “quería liarme, y me imagino que éste también”, y a preguntas de las partes ha declarado que sólo conocía a Gregorio.
Ha escenificado la postura del joven tirado en el suelo y posteriormente incorporado en la pared, y ha hecho mención a los comentarios que intercambiaron sobre llevarlo a Puebla de Don Rodrigo, que él mismo declinó porque su mujer le había dicho esa misma mañana que a esa hora no había médico en el dispensario local. Ha sostenido “tener la conciencia tranquila” y ha considerado que las autoridades sanitarias no hubieran movilizado a un helicóptero porque “cuando llamas al 112 te preguntan cómo está el enfermo y si está consciente, y nosotros no lo vimos de gravedad”.
Doctrina ‘Murray’
La ausencia de un contacto telefónico con las urgencias es el principal hilo argumental de Francisco Muñoz, el abogado cordobés que ejerce la acusación del caso, encargada por los padres del fallecido, que lo ha tenido más difícil porque ninguno de los cinco imputados ha querido contestar a sus preguntas.
Por ello, el letrado ha invocado cinco veces la doctrina ‘Murray’, amparada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Supremo español, sobre los perjuicios que puede tener un acusado al guardar silencio en un juicio, ante la posibilidad de evaluar las pruebas en su contra.
Tras la lectura de su propio informe y del del fiscal, Muñoz ha explicado su posición a los miembros del jurado, que no está centrada en culpabilizar a los cinco acusados de la muerte de Máximo, pero sí en haber actuado negligentemente a la hora de proveer al fallecido una adecuada atención médica, a su juicio “muy básica”.
“No se trata de una venganza o castigo ejemplar”, sino de “hacer justicia sobre si se podrían haber evitado la muerte” alertando al 112, ha indicado al jurado.
Igualmente, ha apuntado “dudas” y sombras de sospecha” sobre “dónde estaban y qué hicieron” los cinco imputados.
El abogado, que se siente respaldado por el juzgado de Almadén, pide penas de un año de multa para los cinco, a razón de 100 euros al día para el gerente de la empresa y de 50 para el guarda, el vaquero y los dos albañiles, y que indemnicen a la familia del fallecido con 105.000 euros.
Principio de imparcialidad
La fiscalía de Ciudad Real, ejercida por el fiscal jefe, Luis Huete, ha justificado la absolución porque considera que Máximo sufrió una caída cuando trabajaba, que le provocó una herida en la cabeza, pero “padecía una severa cardiopatía y un trombo que no conocían las personas que le atendieron”.
Ante el jurado ha invocado el principio de imparcialidad para no ejercer la acción penal cuando no procede, a la vez que ha pedido a los nueve ciudadanos del tribunal popular que “valoren las pruebas”, sobre todo las de los forenses, al delimitar “la causa de la muerte”.
También ha avisado al jurado de la falta de conocimiento médico de los acusados y el lugar “alejado, al oeste de la provincia” donde se encontraban a la hora de ofrecer una asistencia médica. “No se les puede exigir nada más”, ha subrayado.
Ha reprochado que los acusados dijeran en las primeras horas que estaba cogiendo setas para exculpar al gerente de su obligación de contratar a Máximo (fue sancionado con 3.000 euros por la Inspección de Trabajo). “Estuvo mal y fue una mentira que duró pocas horas”, ha dicho, así como ha considerado “incontrovertible” que no haya habido una infracción a la empresa de albañilería por falta de medidas de seguridad.
No son culpables
Gema Cabanes, abogada del gerente de Gresan, de J. Z.D., uno de los albañiles, y de J. S. G., vaquero de la finca, ha indicado que “hubo actuación y auxilio”, y por ello “no cabe el tipo penal de omisión de socorro”.
En la misma línea, Gregorio Rodríguez, abogado del otro albañil J.G.C, y Fernando Amián, defensor del guarda P.P.G.J., también han visto “excesiva” la acusación, y han apelado al “contexto físico” del entorno donde se produjeron los hechos. “No hubo omisión”, han resaltado ante el jurado.
Todos han censurado que vertieran mentiras sobre su relación con la empresa.
El juicio con jurado seguirá este martes con la declaración de las fuerzas de seguridad.
