La familia de Máximo G.D., peón de albañilería de 30 años que murió por un problema cardíaco en 2014, cuando trabajaba en una finca de Puebla de Don Rodrigo, han logrado ocho años después que se juzgue por lo penal, en este caso por un jurado popular y ante la Audiencia de Ciudad Real, a las cinco personas que estaban con el fallecido ese día, el 14 de noviembre de 2014.
“Los padres solo quiere que se esclarezca cómo murió su hijo”, asegura Francisco Muñoz, el abogado que ejerce la única acusación en este caso, en el que la fiscalía de Ciudad Real considera que no hay delito.
No llamaron al 112, lo llevaron a Piedrabuena
La acusación parte de que las cinco personas que vieron cómo Máximo se cayó desplomado al suelo y se hizo una brecha en la cabeza no actuaron como deberían. En vez llamar al 112 y recibir asesoramiento, decidieron trasladarlo al centro de salud de Piedrabuena, a muchos kilómetros de allí, perdiendo un tiempo vital (cuando llegaron el médico que lo atendió decretó su muerte).
El fallecido no estaba dado de alta
El abogado de los padres entiende que hubo omisión del deber de socorro y responsabiliza sobre todo al gerente de la empresa de albañilería para la que trabajaba, Gregorio S.M., que como no había dado de alta a Máximo en la Seguridad Social, se preocupó más por la repercusión del accidente pasa su empresa, que de la salud del trabajador.
En el banquillo también se sentarán dos albañiles más, el guarda de la finca Dehesa del Arenal en la que pasó todo y un pastor de la finca, que dieron versiones contradictorias de cómo fue la caída, entre ellas que Máximo se había caído buscando setas en otro lugar.
Un año de multa y 105.000 euros de indemnización
La acusación pide penas de un año de multa para los cinco, a razón de 100 euros al día para el gerente de la empresa de albañilería y de 50 para el resto, y que indemnicen a la familia del fallecido con 105.000 euros.
La fiscalía no ve delito
La fiscalía de Ciudad Real solicita la absolución y considera que no hay delito. La fiscal del caso entiende que Máximo G.D. sufrió una caída cuando trabajaba, “que le perfora el cuero cabelludo y con una doble fisura craneal subyacente”, dice textualmente el escrito.
Con el trabajador en situación de semiconsciencia, según cree probado la fiscal, decidieron trasladarlo al centro médico al que llegaron a las 10.00 horas (se supone que la caída fue a las 8.30). La autopsia dictaminó que la hora de la muerte fue las 9.00 “por mecanismos naturales”.
La defensa dice que hicieron lo que pudieron
Gema Cabanes, la abogada defensora de tres de los acusados, entre ellos el jefe del fallecido, entienden que la acusación no sostiene. “Hicieron lo que pudieron por socorrerlo de lo que en principio parecía una caída. No tenía conocimientos médicos como para saber que a lo mejor había sufrido un infarto o qué le había pasado”.
Esta parte asegura que Máximo montó por su propio pie en el vehículo en el que lo trasladaron y que no fueron conscientes de la gravedad de lo que tenía hasta que llegaron al centro salud.
Este viernes se celebrará la selección del jurado ante la sección segunda de la Audiencia Provincial. La vista oral empieza el lunes. “El caso llega a juicio porque tanto la jueza de instrucción de Almadén como la Audiencia han estimado que hay indicios. Cuando menos la actitud de estas personas fue poco transparente con la familia”, asegura el abogado de los padres.
La omisión del deber socorro es uno de los delitos que se juzgan en España por la ley del jurado.
