Los abogados del turno de oficio, tan bien valorados socialmente como mal pagados, han salido este martes a la calle para ponerle rostro a un problema que quieren alejar de esa imagen romántica (en parte verdad) de que el abogado defiende a los débiles por amor a la justicia. Mucho de eso hay entre los trescientos letrados –doscientos en el turno de asistencia al detenido- que ejercen el turno de oficio en Ciudad Real, pero no buscado, y desde luego cada vez peor digerido.
“Hoy en día nadie trabaja gratis, excepto el abogado del turno de oficio”, denuncia Ana Adán, abogada experimentada que junto a su compañera María Cañizares, con ocho años de profesión y cinco en el turno, visibilizan un problema que en este contexto de subida de precios resulta cada vez más lacerante.
Ahora les deben la mitad de marzo y abril
Lo de que cobran tarde, poco y en ocasiones nunca no es una exageración. De media reciben unos 150 euros por pleitos que pueden durar años, como divorcios contenciosos, pero incluso para que les paguen esa cantidad por los guardias que realicen tienen que esperar para cobrar a veces hasta siete meses. En Ciudad Real ahora les deben la mitad de las remuneraciones de marzo y la mitad de abril, emolumentos esenciales para vivir, o al menos seguir haciendo estas guardias para las que previamente han tenido que hacer un curso de especialización, aparte de sus años de formación y superación del examen de acceso para ejercer.
La ‘suerte’ en Ciudad Real es que el colegio de abogados adelanta esas gratificaciones para cubrir lo más preciso, incluso desplazamientos para algunas asistencias, “pero ha habido momentos en los que el presupuesto no da para más”.
El servicio, garantizado y financiado por el Estado, recae al final sobre los hombros de los abogados. Pasa cuando a una personas no se le reconoce el derecho a la justicia gratuita, aunque el abogado lleve meses ocupándose del caso. “Si al final le dicen que no tiene derecho, es el letrado quien se ve en la tesitura de intentar cobrar a esa persona, o directamente no cobrarlo”, comenta Cañizares.
Como si un médico pagara los gastos de alguien sin recursos
“Se dice que las personas tienen derecho a la defensa, pero en realidad el Gobierno incumple esta máxima porque no paga a los profesionales que lo llevamos a cabo”, argumenta Adán, “es como si un médico de la seguridad social no pudiera atender a una persona o tuviera que pagar los gastos sanitarios de alguien sin recursos. El ministerio hace recaer sobre nosotros la carga de cobrar a nuestros clientes, cuando el servicio es público”.
Sentencia, pero sin derecho a cobrar por la ejecución
Adán y Cañizares, que lidian con estos problemas a diario, no solo se quejan de que el baremo por el que cobran es de 2003, sino de que cuando se acaba un procedimiento por sentencia y se inicia la ejecución, se abre todo otro camino judicial, que incluye pedir beneficios, etc, “trámites de años que implican muchos escritos y no se pagan”.
A la gente no le llega el malestar por eso en este 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita, se han celebrado concentraciones en 23 ciudades del territorio ministerio, entre ellas Ciudad Real, que vuelve a acumular impagos, en esta ocasión por 250.000 euros al Colegio de Abogados.
La queja más extendida es que el Gobierno está dejando recaer sobre los hombros de los abogados del turno -muchos de ellos los más jóvenes de la profesión-, el peso de asumir la defensa gratuita de las personas más vulnerables.
