La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha autorizado al falangista Carlos García Juliá, uno de los autores materiales de la conocida como ‘matanza de Atocha’ de 1977, salir de prisión a partir del próximo 19 de noviembre, fecha en la que liquidaría las condenas pendientes.
La decisión, que ha avanzado este viernes el periódico digital el Diario.es, es provisional, fiscalía y el resto de partes pueden recurrir en el plazo de tres días, que contarán cuando cese el estado de alarma y la justicia recuperé la normalidad, han confirmado a Lanzadigital.com fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La Audiencia de Ciudad Real lo condenó por otros hechos en 1981
La relación de García Juliá con Ciudad Real no tiene que ver con los crímenes de los abogados laboralista, sino con otro asunto penal. En 1981 la sección primera de la Audiencia de Ciudad Real ejecutó otra condena contra él, la última de su historial delictivo, por eso su abogado ha pedido aquí la liquidación de condena. El letrado de la administración de justicia ha resuelto “en base a la documentación que acredita los años de cárcel cumplidos y las penas pendientes”, han explicado las mismas fuentes.
Condenado por el Código Penal de 1973 a 190 años de cárcel
García Juliá, nacido en 1955, fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 193 años de prisión (con el Código Penal de 1973 que contemplaba la redención de penas) como autor material de cinco delitos de asesinato consumados y cuatro frustrados.
La noche del 24 de enero de 1977 García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Allí abrieron fuego con pistolas contra las personas que estaban allí.
Los autores de la denominada ‘matanza de Atocha’ pertenecían, según la sentencia, a un “grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”.
Se le concedió la libertad condicional en 1991
A Carlos García Juliá se le concedió la libertad condicional el 23 de octubre de 1991. Después, el tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay con la obligación de presentarse en la Embajada española en aquel país. Una vez allí, rompió las obligaciones de su libertad condicional, y se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996, explicó la Policía Nacional en el comunicado de su extradicción.
En España desde febrero de este año
García Juliá ha vuelto a ser noticia este año porque, tras varias décadas huido, fue extraditado a España en el mes de febrero desde Brasil, dos años después de su localización y detención en Sao Paulo.
Bono, uno de los abogados que acusó a García Juliá
El mismo 7 de febrero Juiliá ingresó en la prisión madrileña de Soto Real. Su extradición a España provocó reacciones en el entorno de las víctimas de la matanza, con declaraciones como las del expresidente de Castilla-La Mancha y exministro José Bono, que fue uno de los letrados de la acusación particular en el juicio por la matanza de los abogados. Bono declaró a la agencia Europa Press que esperaba que García Juliá no sólo cumpla “hasta el último día” de condena por aquellos asesinatos, sino que se le juzgue por haber quebrantado la pena con su huida.
También anunció que tanto él como sus compañeros de acusación de entonces planeaban personarse en los asuntos que tenga pendientes.
