Una deuda multimillonaria del Gobierno de las Islas Baleares con empresas vinculadas a Ciudad Real International Airport S.L. (CRIA) servirá para pagar la mayor parte del precio del aeropuerto, adjudicado por unos 57 millones a esta sociedad, de los que restan por pagar 53,3.
El juzgado de lo Mercantil que dirige el juez Carmelo Ordóñez ha decidido aceptar el pago con cargo a parte de ese crédito, una operación que parece firme y sólida, y convierte a CRIA en propietaria de la infraestructura este martes.
En el auto, que cierra (esta vez parece que sí) el malhadado proceso de venta, el juez aduce que la decisión “es buena no sólo para el interés del concurso, sino para el interés general de Castilla-La Mancha, con la futura puesta en funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria”.
En el escrito de 38 páginas que ha difundido hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, incluido un resumen del contenido, el magistrado acepta la cesión del crédito para el pago del precio pendiente del aeropuerto: 53.390.000 euros más las cantidades adeudas, según lo acordado en los autos de 23 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018.
87 millones de euros
Como salió a la luz el jueves pasado la cesión del crédito proviene de la sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Baleares por la que se condena a la Comunidad Autónoma de Baleares al pago de una cantidad cercana a los 87 millones de euros (cerca de 65 millones de euros de principal, más intereses legales desde mayo de 2009 -otros cerca de 22 millones de euros-) al administrador de CRIA, Rafael Gómez Arribas.
La única parte que ha pagado un 5% del precio
Ordóñez justifica la decisión por media docena de razones, la primera: “Quien lo ofrece es la única parte que hasta el momento ha ocupado la posición de compradora, de adjudicataria provisional, quien ha desembolsado el 5% del precio, y quien ha realizado mejoras, inversiones”. También se refiere a la “ingente labor para la obtención de la rehabilitación de las licencias aeroportuarias y la recuperación del espacio aéreo”, algo en lo que también hace hincapié el responsable de relaciones institucionales de CRIA José Fernando Sánchez Bódalo.
Un derecho de crédito “seguro”
El magistrado incide en que “se trata de un derecho de crédito real, con un importe de capital de 64.941.369,14 euros (más otros cerca de 22 millones de euros de intereses legales calculados a 19 de julio, en concreto 21.817.714,48 euros) , lo que suma a fecha de 19 de julio de 2018 un importe total por ambos conceptos de 86.817.714,48 euros, cantidades ambas que con creces cubren el precio de la venta del aeropuerto”.
Otra razón es la “constancia de la existencia en este concurso de la sentencia y del proceso seguido ante la Sala de lo Contencioso del TSJ de las Islas Baleares”. El juez especifíca que todo esto consta en la debida cumplimentación de las anotación preventiva que se llevó a cabo mediante la providencia de 24/04/2018 y del auto de 15/05/2018, anotación preventiva que se llevó a cabo de forma satisfactoria en el exhorto que con el numeral 4/2018 se tramitó ante esa Sala y ante la propia Consejería de Hacienda Balear mediante oficio remitido por el este juzgado.
No se descarta liquidez propia de CRIA
Ordóñez también reconoce que la compradora, que no pudo escriturar en abril el aeropuerto por problemas de liquidez, ha tenido muy poco margen temporal desde el pasado día 5 de julio de 2018 para obtener la financiación en metálico con fondos propios y con cargo a ese crédito que está negociación con la entidad Ahorro Corporación.
Y remata que no descarta que con la fórmula propuesta CRIA pueda recuperar el crédito que cede en pago, “previa consignación en la cuenta de este concurso del pago en metálico una vez obtenida la financiación con la entidad de crédito, que por las informaciones que hemos tenido existe una probabilidad muy alta de que se logre incluso antes de darse inicio a la ejecución de la sentencia, o incluso antes del próximo 30 de septiembre de 2018”.
¿Qué pasa ahora?: el Gobierno Balear decide
El auto no pone fecha a la firma de la escritura, que dependerá según la fundamentación jurídica de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Baleares comunique al Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real la firmeza de la sentencia. Para eso se ha remitido el correspondiente oficio a dicho órgano judicial. El Gobierno de las Islas Baleares, una vez le sea comunicado el auto de hoy así como como la firmeza de la sentencia, debe responder por escrito antes del 30 de septiembre, aceptando el pago de la condena dineraria.
También debe garantizar que el pago total de las cantidades se haga antes del 31 de diciembre de 2018, y en todo caso no más tarde del 31 de diciembre de 2019. Hace dos días la portavoz del Gobierno de Baleares Pilar Costa declaró que tenía intención de asumir esta deuda en lo que resta de legislatura (la setencia del Supremo fija un plazo de cuatro meses).
Escritura: 5 días después de los escritos
Cuando esos trámites se produzcan la administración concursal y la compradora, CRIA, deberán comparecer en el plazo máximo de 5 días en la notaría para la firma de la escritura pública de compraventa. Y una vez publicado en el BOE, CR International Airport S.L. ostentará la condición de compradora, promotora y gestora del aeropuerto de Ciudad Real.
Esta solución a la que el juez ha dado carta de naturaleza este 17 de julio sólo se han opuesto tres acreedores, mientras que los administradores concursales y la propia concursada la han aceptado como única viable para desbloquear el proceso.
El magistrado también contempla en el fundamento de derecho quinto del auto todas las posibilidades a partir de la aceptación de la propuesta de pago, tales como la forma en la que se procederá a la cesión del crédito en pago, la gestión del 5% de intereses moratorios ofrecidos por CRIA en caso de retraso en el procedimiento, y que alcanzarán los 2,8 millones de euros.
Primero aeropuerto, luego Hacienda
También se regula la forma en la que serán destinadas las cantidades percibidas de la cesión del crédito: en primer lugar al pago por la compra del aeropuerto, en segundo lugar al pago de las deudas frente a Hacienda que tenga pendiente CRIA, y en tercer lugar para obtener la liquidez que la compradora precise para la puesta en marcha del aeropuerto de Ciudad Real, todo ello con previa autorización judicial.
Curiosamente el auto de cierre de la venta se ha dictado tres años después de la bochornosa subasta por 10.000 euros a un grupo chino. Sucedió el 17 de julio de 2015. Meses después el magistrado Ordóñez, que era el titular del juzgado en ese momento, anuló esa subasta e inició este proceso de venta directa.
