La Cuenta General del Ayuntamiento de La Solana correspondiente al año 2019 no podrá ser enviada al Tribunal de Cuentas para su fiscalización, al menos de momento. Los grupos de la oposición en bloque tumbaron su aprobación tras una serie de alegaciones.
Entre otras cosas, piden una auditoría del gasto corriente, un inventario patrimonial y un seguimiento de los servicios privatizados. A ese punto, que generó un largo debate, se unió la propuesta de clausurar un establecimiento comercial que acumula hasta media docena de denuncias policiales por vender alcohol a menores de edad, que sí fue aprobado por unanimidad, aunque con matices.
Todo esto sucedió durante el pleno ordinario de julio, celebrado en la tarde-noche de este jueves en un, salón con los concejales dispersos y la ausencia del alcalde, Luis Díaz-Cacho, indispuesto.
Tampoco estuvo presente la también concejala socialista María Ocaña, que presentó formalmente su renuncia por razones laborales. Presidió el primer teniente de alcalde, Eulalio Díaz-Cano.
Controversia con la Cuenta General
El debate sobre la Cuenta General generó la mayor controversia política de la sesión entre el equipo de gobierno y la oposición, que se unió en el fondo, votando ‘no’ al documento, y en la forma, ya que hubo bastante coincidencia de pareceres. Bernardo Peinado, portavoz de Izquierda Unida, echa en falta mayor transparencia y equidad en los contratos menores, “no se puede contratar el gasto en unos pocos comercios”. También afirmó que La Solana ha perdido 200.000 euros en planes de empleo por solicitar menos contratos de los que corresponderían por entidad poblacional. Finalmente, propuso una auditoría del gasto corriente en los últimos 5 años, sendos informes de Secretaría e Intervención, un inventario del patrimonio público del suelo diferenciado y un seguimiento de los servicios privatizados.
Frenar la iniciativa privada
El portavoz del PP, Antonio Valiente, se mostró de acuerdo con tales propuestas y se quejó de que el Ayuntamiento preste una gran cantidad de servicios que luego hay que financiar. “A lo mejor son demasiados y frena la iniciativa privada”. Acusó de electoralismo al equipo de gobierno porque –señaló- “en el año de elecciones [2019] se gastó más de lo que podíamos y ahora lo estamos pagando”.
Reducir gastos
La portavoz de Ciudadanos, Luisa Márquez, apostó por reducir gastos y mejorar la gestión. Citó ejemplos de concesionarias como Aqualia (agua) o Cespa (limpieza viaria), solicitando un informe fiscalizador y un plan director. Cree que a veces se duplican gastos aprovechando los planes de empleo.
También considera “sumamente importante” el inventario para conocer el balance patrimonial, además de una redistribución del personal administrativo y una revisión del parque móvil, a fin de optimizarlo. De igual forma, su grupo aboga por una empresa que gestione la factura eléctrica. “hay opciones de reducir el gasto”, insistió.
No hay falta de transparencia
Eulalio Díaz-Cano, en representación del grupo socialista, rechazó las acusaciones de falta de transparencia, ya que se remiten todas las facturas y se publican en el portal de transparencia. Defendió la gestión gubernamental y lamentó, en referencia directa a Bernardo Peinado, que rechazara el ofrecimiento para ser concejal de Hacienda.
“Buscan excusas con tal de no comprometerse en el gobierno municipal”, argumentó. En todo caso, manifestó que se trataba sólo de aprobar el punto para remitir estas cuentas al tribunal competente, tal como defendió el propio Interventor de Fondos: “aquí se manifiesta un acto esencial para rendir cuentas a instancias superiores”, explicó Francisco García de Mateos.
Sanción a un local 24 horas
Por su enjundia, el punto quinto también generó debate. Se trataba de una propuesta de la propia alcaldía, apoyada en asesoría jurídica, para actuar contra el propietario de una tienda de ‘24 horas’ situada en la calle Encomienda, junto al jardín de Santa Ana. Su propietario, de origen chino, colecciona denuncias de la Policía Local, hasta media docena, por vender alcohol a menores. La primera se remonta al año 2015. Se mencionó el caso de una vecina que denunció un coma etílico de su hija, menor de edad, aunque no se pudo probar que fuera por esa venta ilegal.
Se proponía abrir expediente sancionador por infracción grave de la ordenanza, con un máximo de hasta 6.002 euros, amén del cierre del local por 15 días. Por IU, Bernardo Peinado se mostró totalmente de acuerdo. Por su parte, Antonio Valiente (PP) reprochó la actuación, pero pidió comprensión con este empresario ya que “no conoce el idioma y poco la ley, y a lo mejor no se entera”. “Es mejor hablar con él, aunque sea con un traductor”. Y añadió que en La Solana “seguramente otros también venden, pero hay manga ancha dependiendo quien sea”. Luisa Márquez (CS) también se mostró comprensiva con este vendedor. “Que un traductor con una trabajadora social hagan una labor de información, porque no conoce la ley”.
Sin embargo, Eulalio Díaz-Cano (PSOE) fue más severo en su apreciación. Habló de “hechos graves y reiterados; no nos debe temblar el pulso”, y defendió la actuación coercitiva de la Policía Local. “Estamos hablando de proteger a nuestro menores”.
En última instancia, se acordó reducir la propuesta de sanción a 3.001 euros, pero elevar la clausura del local a un mes.
En este pleno también se leyó la renuncia oficial de María Ocaña (PSOE), hasta ahora delegada de Juventud, al marcharse a vivir fuera de La Solana por razones laborales. Todos los grupos le desearon suerte.
Por otra parte, hubo unanimidad en aceptar dos solicitudes de renuncia de parcelas ya adjudicadas en el Parque Empresarial, una por valor de 37.000 euros y otra por valor de 15.700 euros. Eso sí, ambos adjudicatarios deberán abonar 1.131 y 473 euros, respectivamente (IVA excluido), en concepto de penalización.
La sesión también aprobó de forma unánime las dos fiestas locales para el año 2021. Serán el 25 de enero (lunes de la Virgen), y el 26 de julio (día de Santa Ana).
La sesión se cerró con el apartado de ruegos y preguntas, preceptivo de los plenos ordinarios. Entre otros, la concejala de IU María Pérez se preguntó por qué la compensación por jubilación “se paga a unos sin pedirla y otros tienen que irse al juzgado”.
También preguntó cuántos edificios están enganchados de forma irregular a la red pública eléctrica. Y volvió a criticar la próxima construcción de un aparcamiento de autocaravanas, del que solicitó el estudio de viabilidad.
Antonio Valiente rogó aumentar la seguridad policial con vistas a la próxima vendimia y preguntó si habrá una contratación extraordinaria para limpieza de centros educativos en vísperas del nuevo curso, además de pedir más ayuda a los agricultores tras las noticias de la última PAC.
Por Ciudadanos, Gloria María Notario preguntó por qué se ha tapado un imbornal en la calle Huertas y si las denuncias por la limpieza de solares son de oficio o por iniciativa de otros vecinos.
Julián Díaz-Cano insistió en reunir la Comisión de Agricultura para trata el arreglo de caminos y pidió una reunión con la Diputación para el arreglo del carreterín de Herrera, amén de un acto oficial por las víctimas del Covid-19. Luisa Márquez preguntó por las licencias de primera ocupación en la zona de La Veguilla y si la Avenida de la Constitución está considerada como travesía.
Por último, Elena Jaime se interesó los cableados que dificultan el acceso de propietarios de parcelas en el Parque Empresarial y rogó poder usar el antiguo Centro de Salud como lugar de contingencia ante hipotéticos brotes de coronavirus que pudieran llegar.
